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PNV pide explicaciones por las “graves irregularidades” detectadas en el Gobierno foral del PP en Álava
El PNV ha solicitado que el presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) comparezca con urgencia ante las Juntas Generales de Álava para informar sobre las “graves irregularidades” que este organismo ha detectado en la gestión del Gobierno foral del PP.
En su último informe sobre las cuentas de la Diputación correspondientes a 2012, publicado la semana pasada, el TVCP constató --entre otras presuntas irregularidades-- que el Gabinete de Javier de Andrés “incumplió” los principios de publicidad y concurrencia en varios contratos y concedió subvenciones directas “sin justificar suficientemente” la fórmula empleada para aportar estas ayudas.
El PNV considera “imprescindible” que el responsable del órgano fiscalizador aclare estas cuestiones cuanto antes en las Juntas Generales. El partido jeltzale ha denunciado que algunas de estas irregularidades son “especialmente graves”, como aquéllas que hacen referencia a expedientes de contratación sin concurrencia ni publicidad. Además, ha alertado de que alguno de estos contratos alcanza el importe de 1,7 millones de euros.
“INCUMPLIMIENTOS”
En su informe, el TVCP destaca que en 2012 el Gobierno foral aprobó una prórroga extraordinaria, estimada en 131.044 euros, del servicio de telefonía fija de voz y datos adjudicado en 2007. Dicha prórroga, tal y como indica, no estaba “prevista” en los pliegos del contrato, por lo que supuso un “incumplimiento” de los principios de publicidad y concurrencia. La prórroga era para el periodo necesario de 2013 hasta la adjudicación del nuevo procedimiento abierto. El importe facturado en 2013 ascendía a 174.726 euros.
El TVCP subraya, asimismo, que el Gobierno foral contrató directamente con una empresa el suministro de gas, por importe de 253.381 euros, “sin tramitar el correspondiente expediente de contratación, incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia”.
En materia de subvenciones, manifiesta que la Diputación concedió subvenciones directas a tres entidades sin ánimo de lucro, por importe de 250.000 euros, “sin justificar suficientemente la imposibilidad de promover los principios de publicidad y concurrencia”.
