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El PNV limará el poder foral con su propuesta de Ley Municipal

El anteproyecto de Ley Municipal, elaborado con la participación de las tres diputaciones y Eudel, admite "sin temor alguno" la necesidad de "puntualizar y hasta corregir" la Ley de Territorios Históricos.

La norma, que no llegará hasta otoño al Parlamento, prevé la incoporacion de los municipios con voz y voto al Consejo Vasco de Finanzas lo que obligará a modificar la LTH.

El anteproyecto detalla un "ambicioso" listado de competencias propias de los municipios más amplio que el recogido en la norma española tras el acuerdo entre PP y PNV de diciembre pasado.

Todas las instituciones y partidos ven ahora "inaplazable" su aprobación después de varios intentos fallidos a lo largo de toda la etapa autonómica.

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El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

El melón de la Ley de Territorios Históricos (LTH) se abre por primera vez en la historia del País Vasco desde su aprobación. El anteproyecto de la Ley Municipal, aprobado el martes en el Consejo de Gobierno y que ha contado con la colaboración de las tres diputaciones y Eudel, incorpora a los municipios al Consejo Vasco de Finanzas con voz y voto, lo que obligará a modificar la LTH. En la propia exposición de motivos de la ley, se apuntan esos cambios al admitir que se está dispuesto "sin temor alguno a modificar, con el consenso de todos, la normativa que fuere necesario modificar; lo que supone en algunas ocasiones, complementar, y, en algún caso, puntualizar y hasta corregir, por ejemplo, el texto de la Ley de Territorios Históricos".

De hecho, el Ejecutivo apunta que se ha intentado evitar con el nuevo articulado "la injerencia de las instituciones de la comunidad autónoma vasca o de los territorios históricos en la vida municipal que pudiera poner en riesgo su autonomía real", aunque equilibrando ese deseo para evitar el otro riesgo: una fragmentación tal del espacio local que pudiera "hacer inviable la supervivencia del sistema".

Los representantes de los ayuntamientos en el Consejo Vasco de Finanzas, uno por cada territorio nombrados por Eudel, podrán pedir la reunión del Consejo Vasco de Finanzas para tratar asuntos relacionados con su financiación. Por ejemplo, la participación municipal en los tributos concertados o para asegurarse su estabilidad financiera, entre otros cometidos. Además, los consistorios se sentarán también en el Órgano de Coordinación Tributaria cuando se debatan las propuestas de este órgano sobre tributos de carácter local. El objetivo último es "garantizar la sostenibilidad financiera de los municipios", algo que históricamente ha estado en el aire, y más en tiempos de crisis como los actuales.

Otro de los elementos que incorpora el anteproyecto de ley municipal, que no llegara al Parlamento hasta otoño, es la posibilidad que abre a los municipios a participar activamente en el proceso de elaboración de leyes o proyectos de normas forales de diputaciones que les puedan afectar, algo también inédito hasta ahora. Esto supone que las tres diputaciones -gobernadas ahora por tres partidos diferentes- deberán contar con los municipios y no remitir ya cocinadas y aprobadas las normas forales que inciden directamente en los consistorios. Y además deberán acompañar esos proyectos de norma foral de una memoria económica que refleje el impacto que tendrá sobre los recursos financieros de las diferentes instituciones y la "dotación de recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera" si son normas en las que se atribuyen competencias forales a los consistorios.

Tras varios intentos de aprobación de esta ley, la última la del anterior Ejecutivo socialista, "la totalidad de las fuerzas políticas e instituciones representativas vascas han estado de acuerdo en que ahora era inaplazable su aprobación". Se llega a tildar la ley de "nuclear para el sistema de autogobierno vasco" y se reconoce que su no aprobación después de tantas décadas -es la única comunidad autónoma sin ley municipal- ha "supuesto un debilitamiento obvio de las potencialidades de desarrollo institucional del municipalismo vasco", además de un "cierre en falso" de su articulación territorial. La propuesta ha tenido en cuenta los dos pronunciamientos y sus "importantes consideraciones" realizados por la Comisión Arbitral en octubre de 2008 (lehendakari del PNV) y abril de 2012 (lehendakari del PSE) y se señala que la redacción inicial "respeta escrupulosamente" la "singular posición" del poder foral.

Blindaje

El texto, de 121 páginas y elaborado en coordinación con las diputaciones y la Asociación de Municipios Vascos, también blinda de alguna manera a los consistorios. El Consejo de Políticas Publicas locales nace como "foro de encuentro compartido" por los tres niveles institucionales de Euskadi para abordar las políticas que se vayan a diseñar. Pero hay otro órgano -denominado de alerta temprana- que debería servir para analizar y diagnosticar el impacto de las disposiciones normativas sobre la autonomía local.

El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, ha calificado de "ambicioso" el listado de competencias propias de los municipios, incluido en el artículo 17 y que cuenta con hasta 37 materias. El catálogo de competencias es más amplio que el recogido en la norma española tras el acuerdo entre PP y PNV de diciembre pasado en la elaboración de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En ella se incluyó una disposición adicional que permitía dotar de mas competencias propias a los ayuntamientos vascos. Entre otras competencias está la ordenación, planificación y gestión de los servicios sociales y el ingreso de inclusión social, las políticas y planes locales de empleo, la gestión de las políticas de integración social en materia de inmigración o las políticas de juventud, la protección del medio ambiente y desarrollo sotenible y la gestión no solo de la recogida de residuos urbanos, sino también la planificación de la reducción de la producción de residuos urbanos municipales, materia esta última que ha generado un problema social en Gipuzkoa en la actual legislatura con el puerta a puerta.

La previsión del Ejecutivo es que ahora se abra la fase de informes preceptivos hasta septiembre y que en otoño el Consejo de Gobierno apruebe el proyecto de ley y lo remita al Parlamento para su tramitación en la Cámara.

Pese a la colaboración institucional que se ha producido a la hora de elaborar el texto, Erkoreka no se atrevió a dar por hecho que esté asegurada la tramitación sin que alguna diputación no plantee algún tipo de pega o incluso eleve sus discrepancias a la Comisión Arbitral, como ha ocurrido en el pasado, lo que de nuevo ralentizaría la aprobación de la ley.

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