El PP denuncia dos millones de ayudas públicas a una empresa presidida por Ardanza que acumulaba pérdidas

El secretario general del PP de Bizkaia, Javier Ruiz, ha denunciado este martes la concesión por parte de la Diputación Foral vizcaína y del Gobierno vasco de ayudas públicas por importe de más de dos millones de euros a una empresa presidida por el exlehendakari José Antonio Ardanza, que acumulaba pérdidas por valor de casi 600.000 euros.

En rueda de prensa celebrada en Bilbao, Ruiz se ha referido, de esta forma, a la empresa Idoki scf Technologies S.L., cuyo objeto social es el diseño, producción y comercialización de productos para el autocuidado de la salud, principalmente productos de cosmética naturales.

Tras afirmar que se trata de un hecho “que va más allá del mero clientelismo político”, Ruiz ha indicado que esta empresa “ha recibido a lo largo de los años ayudas públicas por parte de la Diputación Foral de Bizkaia por un importe aproximado de 354.378 euros, y por parte del Gobierno vasco por 1,46 millones de euros”.

Además, ha dado a conocer que Seed Capital, sociedad de capital riesgo participada en un 51% por la Diputación vizcaína, “compró en 2010 un 23,37% de las acciones de la empresa y en el año 2011 concedió un préstamo participativo por un plazo de siete años y dos de carencia por importe de 150.000 euros”.

Por tanto, el dirigente popular ha señalado que se trata de “un total de ayudas públicas en los últimos años que superan los dos millones de euros”.

La hija de Ardanza

Ruiz ha indicado que, entre los órganos sociales de esta mercantil, “figura como presidente y consejero el exlehendakari José Antonio Ardanza, como administradora, secretaria y consejera su hija Nagore Ardanza, y también como consejero Seed Capital”. Por tanto, ha censurado, “estamos ante un plan de rescate público, individualizado y personalizado 'por ser vos quien sois'”.

En cuanto a la evolución económica de esta empresa, ha señalado que “en el periodo 2006-2011, el primero y el último en el que presentan cuentas anuales, esta empresa acumula unas pérdidas de 588.000 euros, y en el periodo 2009-2012 las pérdidas son ininterrumpidas”.

Asimismo, ha informado de que en diciembre de 2013 la empresa se declaró voluntariamente en concurso de acreedores y en abril de 2014 se aprobó su plan de liquidación.

Javier Ruiz ha considerado que se trata de un hecho “muy grave porque el protagonista principal fue durante 14 años lehendakari del Gobierno vasco y, por lo tanto, máxima autoridad institucional en la Comunidad Autónoma Vasca”. Asimismo, cree que lo ocurrido es “muy grave porque se ha inyectado en forma de subvenciones, de compra de acciones y de préstamos públicos dinero público a una empresa que acumulaba pérdidas”.

Además, ha denunciado que “esa inyección de dinero público se ha hecho a sabiendas de que la empresa acumulaba pérdidas”, y ha considerado que ha habido también “una perversión de lo que debe ser el objeto de las ayudas públicas”, que “tienen que servir para garantizar proyectos viables y sostenibles en el tiempo” y no para “reflotar ni para rescatar empresas con pérdidas, al margen de que uno se llame José Antonio Ardanza” porque, “si hay que rescatar ese tipo de empresas, habría que rescatar al resto de empresas que están pasándolo mal o que acumulan pérdidas”.

“Se ha dado un agravio comparativo con el resto de empresarios que han tenido que cerrar su persiana durante los años de la crisis y también respecto a esos muchos empresarios que sobreviven, pero están sudando la gota gorda y no reciben ayudas públicas”, ha afirmado, para insistir en la necesidad de una “investigación en profundidad” y un “ejercicio absoluto de transparencia”, por lo que ha pedido la comparecencia del diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria.

En su opinión, en este caso “se deben dar muchas explicaciones sobre si ha habido gestiones políticas para obtener este tipo de ayudas, es decir, si estaríamos en una situación de tráfico de poder o, incluso, de tráfico de influencias, que se adentraría en el ámbito de ilícito penal”.

Asimismo, ha pedido explicaciones “sobre los motivos que han llevado a conceder subvenciones, comprar acciones y otorgar préstamos públicos a una empresa que acumulaba pérdidas”, así como “sobre el control y la evaluación que se ha hecho sobre la gestión de esa empresa y los planes de negocio que tenía para ver si era viable o no”.

El secretario general de los populares vizcaínos ha criticado que, a pesar de las pérdidas, a esta empresa “tampoco se le ha exigido ningún plan de reestructuración, lo cual llama la atención”. También ha pedido explicaciones sobre “el destino del dinero, si ha habido un uso finalista y si cada euro está perfectamente justificado, o si ha habido algún tipo de desviación de fondos, y, si los ha habido, en qué dirección, si ha ido a engordar la cuenta corriente de algún particular o de algún partido político”.

Tras exigir la “máxima transparencia”, Ruiz quiere saber también si, por parte de las instituciones, “se va a exigir o va a haber una devolución voluntaria del dinero detraído a los vascos durante estos últimos años”.

En su opinión, “si viviéramos en una sociedad normalizada, este tipo de casos los investigaría el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, pero, en Euskadi, lamentablemente”, este órgano está “absolutamente contaminado y viciado con el nombramiento de José Luis Bilbao, cuya institución concedió subvenciones, compró acciones y dio préstamos a esta empresa”.

Fiscalía

Por otro lado, Javier Ruiz ha indicado que existe otro canal para aclarar lo ocurrido, como es la investigación por parte de la Fiscalía, porque “existen muchas sombras y dudas legales que se deben aclarar”. En ese sentido, ha adelantado que, en caso de que “nadie actúe y haya una especie de pacto de silencio”, el PP de Bizkaia valorará si emprende acciones legales“.

No obstante, cree que con los datos aportados por su formación, la Fiscalía tiene “instrumentos para actuar de oficio”, sin necesidad de que su partido “tenga que presentar la denuncia”.