El PP se desentiende de las acusaciones de “esclavismo” en obras municipales
El Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria, Miguel Garnica, sostiene que no es competencia de su Gobierno intermediar para mejorar las condiciones laborales “de explotación” en la obras vinculadas al consistorio denunciadas por los sindicatos. Los obreros empleados en la construcción de la nueva sede del Ayuntamiento, en el barrio de San Martín, están sometidos a condiciones laborales de “esclavismo”, con jornadas superiores a las 10 horas diarias y ritmos “exagerados” de trabajo con el fin de cumplir los plazos de ejecución. Perciben salarios de 10 euros por hora muy inferiores a lo recogido en el convenio provincial y algunos cobran “en negro” pero se niegan a denunciar por miedo a perder su empleo. Ese es el crudo panorama descrito por los responsables del sector del sindicato ELA a los concejales en su comparecencia en comisión municipal.
Los portavoces de la organización sindical han relatado la sucesión de incumplimientos registrados en la práctica totalidad de las obras de construcción activas en Vitoria. Según aseguran, no se trata de un caso aislado, “la lacra se extiende y alcanza a toda la construcción.” Se repite el mismo esquema en las obras de la nueva estación de autobuses, en la reforma de la Avenida Gasteiz o en las de los barrios nuevos. Por ese motivo y tras interponer una denuncia ante Inspección de trabajo que de momento no ha sido contestada, los sindicalistas apelan al Gobierno de Maroto para que ponga fin a estas supuestas irregularidades. El concejal delegado de área ha asegurado desconocer los hechos y en cualquier caso ha sugerido a los denunciantes que trasladen esas acusaciones, como ya han hecho, al organismo competente, Inspección de Trabajo. El argumento esgrimido por el edil popular es que las obras mencionadas son prácticamente privadas. El Ayuntamiento las saca a concurso y una vez licitadas pierde el derecho de control sobre ellas.
La explicación no ha convencido ni a sindicalistas ni a la oposición que le recordaba al concejal la existencia de una comisión de seguimiento de las obras, que debe estar compuesta por dos miembros del Ayuntamiento. Esta órgano aparece contemplado en cada pliego de condiciones de los concursos y ese punto, como el resto, ha de cumplirse. Ante la insistencia de grupos políticos Garnica se esforzaba en demostrar la buena predisposición mostrada por el Gobierno al haber enviado un técnico municipal a la reunión del Consejo de Relaciones Laborales, solicitada con urgencia por ELAy celebrada al mismo tiempo que la comparecencia municipal. “Ese técnico se ha limitado a repetir lo mismo que el concejal, que no es competencia del Gobierno subsanar esas posibles irregularidades cuando la explotación de estos trabajadores está siendo avalada y financiada por la propia institución”, denuncia Roberto Salgado de ELA.
Precariedad generada con dinero público
El sindicato nacionalista explica que el esquema se repite en cada construcción. “La institución competente alardea de haber adjudicado la obra por menos de lo esperado, con el ahorro correspondiente para las arcas públicas. Pero tras tirar los precios, las obras se abaratan y comienza la explotación. los trabajadores subcontratados, atemorizados y con mucha necesidad de trabajar se ven obligado a callar y aceptar esas condiciones de esclavismo. La connivencia es total entre instituciones y empresas. Todos saben lo que pasa. Todos conocen la extrema precariedad de empleo que se genera con dinero público”, declara Luis Fernández.
Desde ELA se felicitan por haber destapado esta situación públicamente y haberla puesto sobre la mesa de los concejales. “Creemos que al menos así se pondrán más serios y vigilarán algo más a las subcontratas. Es muy necesario porque la construcción está podrida de raíz y tenemos que darle la vuelta a esta situación”, revela Salgado.
De la reunión del Consejo de Relaciones Laborales se han marchado con la promesa por parte del gerente de la UTE de que pagará los salarios atrasados a los obreros- entre 5.000 y 7.000 euros de deuda en algunos casos- y que rebajarán el número de horas de la jornada laboral por trabajador. Han convocado una próxima sesión aunque queda por fijar la fecha del encuentro.
