PSE y EH Bildu marcan de cerca al Gobierno para que no ralentice la Ley de Vivienda
El problema de una ley que nace contra la voluntad del Gobierno radica en el temor a que termine por no aplicarse. Las últimas declaraciones del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña (a quien corresponde el desarrollo de la norma) han puesto en alerta a los partidos de la oposición que propiciaron la aprobación del texto. Toña ha sugerido que los derechos (que contiene la ley) “no pueden ejercerse pronto” y alegado motivos económicos para esa imposibilidad. La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, le ha replocado que “los derechos están para ser ejercidos y la responsabilidad de las administraciones públicas y de sus titulares, como el consejero, es poner los medios para que puedan ejercerse”.
Mendia ha tachado a Toña de “alarmista”, algo “impropio en alguien que debe conocer las disponibilidades presupuestarias y, sobre todo, que debe tomar decisiones para dar prioridad a las políticas que atiendan a las personas que más lo necesitan”. “No podemos dejar a la voluntad de determinados gobiernos”, ha añadido, “el ejercicio de estos derechos, que algunos quieren sustituir por políticas subvencionables.
Mientras, la parlamentaria de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia ha advertido al consejero de que el Gobierno vasco debe respetar y garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía. “La vivienda es un derecho básico de toda persona y, en consecuencia, no cabe supeditarlo a los presupuestos del Ejecutivo, como ha hecho el consejero”.
Para la representante de la coalición, “nadie entendería ni aceptaría que el Gobierno no garantizara el derecho a la educación o a la salud porque resulta caro, y con la vivienda se debe actuar igual porque también se trata de un derecho fundamental. A lo que obliga la Ley de Vivienda es a que el Ejecutivo cambie su orden de prioridades presupuestarias para que sus recursos económicos, que sí que los tiene, se dediquen de verdad a cubrir las necesidades básicas de la gente”.
