El PSE defiende un Fondo de Nivelación para superar los desequilibrios territoriales
La vocación de la reforma que plantean los socialistas vascos de la actual arquitectura institucional (Ley de Territorios Históricos) es lograr no solo acabar con las ineficiencias y duplicidades, sino dotar de mayor poder real a las instituciones comunes, tanto el Parlamento vasco, como el Gobierno. Clarificar las competencias, buscar la armonización fiscal y definir el reparto de recursos, dando un mayor poder al Parlamento vasco, pero sin arrumbar por completo el papel de las diputaciones. Uno de los objetivos es que se puedan articular desde las instituciones comunes políticas concretas, con partidas consignadas en los Presupuestos de la comunidad autónoma, para planificar y asegurar un desarrollo equilibrado de todos los territorios.
“No estamos hablando de cargarnos las Diputaciones, como irresponsablemente sugieren algunos”, ha precisado la líder del PSE-EE, Idoia Mendia, tras registrar la proposición de ley. “Estamos hablando de que no tiene sentido que cada territorio tenga su propia empresa pública para la gestión del suelo. Que no tiene sentido que al venir de Bilbao a Vitoria por carretera (como acabo de hacer esta mañana), uno cambie de empresas gestora, de tarifas y bonificaciones, según el territorio del que proceda. Que no tiene sentido que en Euskadi existan más de 250 agencias o empresas públicas que se dedican al emprendimiento. Tenemos que solucionar este sinsentido” ha afirmado.
Una de las medidas recogidas en la proposición de ley que los socialistas van a llevar al Parlamento vasco se detiene en los “fondos especiales” que deben corresponder a las instituciones comunes del País Vasco. No solo se defiende que dichas instituciones tengan asignados los “recursos necesarios” para poder adoptar las medidas que sean necesarias para “asegurar la estabilidad política y económica” del País Vasco. En ese sentido, la iniciativa legislativa del PSE prevé también la constitución de un Fondo de Nivelación Interterritorial con dotación presupuestaria anual a cargo de las Cuentas autonómicas y con un programa específico. Esos recursos “se destinarán a la superación de los desequilibrios interterritoriales económicos y de bienestar, tanto entre los distintos territorios históricos de la comunidad autónoma, como en el interior de cada uno de ellos”, según se recoge en la iniciativa del Grupo socialista.
Con la proposición de ley, registrada este martes en la Cámara vasca el grupo socialista, el PSE pretende clarificar las competencias, ya que “no puede pretenderse la configuración de los Territorios Históricos, en determinados ámbitos competenciales, como auténticas comunidades autónomas en el interior de la Comunidad Autónoma del País Vasco”, según se explica desde el PSE. Los socialistas apuestan por que el Parlamento vasco gane capacidad de decisión en ese reparto de recursos. “Abordar dos cuestiones fundamentales como son el reparto competencial y la participación del Parlamento vasco en la distribución de los recursos, sin que esto suponga renunciar a nuestro objetivo de que sean las instituciones comunes las que determinen la política tributaria”, está en el deseo que ha impulsado la acción de los socialistas tanto cuando estaban en el Ejecutivo, como ahora que está en la oposición.
400 millones de euros
La propuesta baja al detalle en aspectos claves como la fiscalidad y la armonización de los tributos o los servicios -en función de las atribuciones competenciales de cada nivel institucional- que prestan los tres ámbitos institucionales que conviven en el País Vasco. Pero también parte en el preámbulo de un reconocimiento del actual entramado institucional, dejando así claro que no es un propuesta rupturista que busque la desaparición de las diputaciones forales.
Lo que sí pretende la iniciativa socialista es crear un sistema institucional más ágil y eficiente y que no consuma innecesariamente recursos. Y que se atajen las duplicidades, ineficiencias y solapamientos que la actual distribución competencial han convertido en males endémicos. “Algo que afecta directamente de manera negativa a los ciudadanos”, se recuerda desde el PSE-EE y que echa por el sumidero recursos públicos que la propia Idoia Mendia ha cifrado en 400 millones de euros.
Y también una armonización fiscal y un reparto de recursos más equilibrado en el que el Parlamento vasco tenga un peso más fuerte, ahora reservado al Consejo Vasco de Finanzas. La Ley de Armonizacion, Coordinación y Colaboración Fiscal -aprobada en 1989- ya prevé en su artículo 2 como objetivo la “armonización, determinando el sometimiento de los Territorios Históricos a las disposiciones armonizadoras que se establezcan en las leyes que dicte el Parlamento vasco”, sostienen en el documento. Pero prácticamente nunca se ha echado mano de esa previsión. La idea sería que las instituciones comunes no se queden al margen del ejercicio ordinario de la regulación normativa de los tributos, ahora en manos forales.
La líder del PSE sostiene que en Euskadi, “un país muy pequeño con solo dos millones de habitantes,” depende de donde se viva se tienen “diferentes servicios sociales si eres una persona mayor”, lo que provoca que haya “desigualdad entre los ciudadanos”. “Gipuzkoa ha tenido tradicionalmente unos servicios sociales muy buenos, Álava también, aunque la última legislatura ha perdido paso bajo los recortes del PP. Bizkaia ha tenido un concepto muy diferente en servicios sociales y no tan avanzados. Se requiere que el Gobierno vasco diseñe esa política y por ahí tiene que venir un desarrollo coordinado e igualitario entre todos los vascos”, ha afirmado en una entrevista en Radio Euskadi.
