El PSE seguirá 'mordiendo' a Urkullu desde el Parlamento
Si algo ha quedado claro tras la primera reunión al más alto nivel este martes entre PNV y el PSE es el interés del partido que preside Andoni Ortuzar en atar en corto a socialistas en su labor de oposición en el Parlamento vasco. Un territorio donde el Gobierno ya ha tenido que hacer frente a varias derrotas en políticas troncales para el país, como en el caso de la ley de vivienda. Pero la respuesta de la líder del PSE-EE, Idoia Mendia, no da pie a interpretaciones: en esta negociación se trata únicamente de acordar políticas compartidas a desarrollar en las instituciones municipales y forales.
La casualidad ha hecho coincidir el encuentro en Sabin Etxea entre las delegaciones de ambos partidos con la enmienda a la totalidad presentada por el PSE-EE a través de un voto particular a las conclusiones de la ponencia sobre duplicidades que ha presentado el presidente de la misma, el peneuvista Juan Antonio Arieta-Araunabeña. En la misma, los socialistas consideran que “más de un 80% de sus puntos son un copia y pega mal disimulado” de la comparecencia que hizo en la ponencia el consejero de Justicia y Administración Pública, Josu Erkoreka. “Han fusilado la intervención de Erkoreka”, remarca el portavoz socialista, José Antonio Pastor.
Esta cuestión no ha gustado nada en el Grupo parlamentario socialista, ya que el sunto de las duplicidades estaba incluido en el pacto sellado entre el PSE y el PNV, con la bendición de Urkullu, en septiembre de 2013, y que ahora servirá de referencia para el posible acuerdo al que puedan llegar ambos partidos tras el 24-M. En aquel texto se podía leer el compromiso de “culminar el estudio sobre duplicidades y disfunciones abordado en la anterior legislatura, con el fin de adecuar nuestro entramado institucional a las necesidades y circunstancias actuales de la sociedad vasca. Para ello, el Gobierno vasco elaborará un informe, que será remitido a la ponencia parlamentaria correspondiente en el próximo periodo de sesiones, en el que analice, contraste y complete las reflexiones ya presentadas” en la anterior legislatura.
El coste de las duplicidades
En el voto particular presentado este martes, se censura que “en contra del principio de continuidad institucional, el informe margina absolutamente las aportaciones” de los expertos y representantes institucionales afectados por las duplicidades y “oculta, hasta el punto de no citarlo siquiera, el contenido del informe elaborado por el anterior Gobierno. Aquel informe estimó en 403 millones de euros anuales el coste de esas duplicidades.
Mientras este trabajo de control parlamentario se sucedía en la Cámara vasca, Joseba Egibar intentaba trasladar la idea de lo importante que era que la buena sintonía mostrada entre peneuvistas y socialistas tuviera también un reflejo -si finalmente hay un acuerdo para municipales y forales- en el Parlamento vasco. O en palabras del líder jeltzale: que “también pueda ser extendida a otras instituciones de la Comunidad Autónoma, como puede ser el propio Parlamento vasco, en lo que afecta al Gobierno vasco”. Y sobre todo que desea que esa sintonía “influirá espero a mejor”, aunque también reconoce Egibar que esa cuestión no es “absolutamente determinante” en las negociaciones en curso que ahora se territorializan.
“Ya sabemos que cada cual tiene su propia idea sobre sus fórmulas de colaboración, de estabilidad, el juego de lo que puede ser gobierno-oposición, pero esa reflexión ha quedado trasladada”, ha insistido Egibar.
Los socialistas ya han demostrado en las últimas semanas que van en serio en la oposición en la Cámara vasca y preparan más iniciativas para el comienzo de curso: de hecho, siguen trabajando su propuesta articulada que presentarán tras el verano en relación a la reforma de la Ley de Territorios Históricos (LTH), una modificación comprometida por el PNV y el lehendakari en el acuerdo suscrito en 2013, y que el Gobierno vasco no ha dado muestras de presentar en todo este tiempo. “Una tarea para la que se había establecido un margen temporal: antes del 31 de diciembre de este año. El plazo resulta ya difícilmente alcanzable porque se han aplicado todas las medidas dilatorias necesarias para que no puede cumplirse”, remacha Pastor.
