El Parlamento da un tirón de orejas al Gobierno por los agujeros del protocolo contra los desahucios
El Parlamento Vasco ha pedido al Gobierno de Vitoria que “revise, mejore y renueve” los protocolos contra desahucios para detectar mejor los casos de vulnerabilidad. Se trata de un tirón de orejas en toda regla porque el protocolo ya existe, pero los desahucios en los que se ven implicadas familias con menores se producen sin que surta ningún efecto. En concreto, una familia vitoriana integrada por padre, madre y cuatro hijos, tres de ellos menores, se salvó en el último momento de sufrir el desalojo de la casa en la que viven de alquiler. Solo un recurso ante el juzgado por parte de l a asociación Kaleratzeak Stop Araba impidió el lanzamiento.
EH Bildu y Elkarrekin Podemos han llevado a la Cámara vasca una proposición no de ley conjunta en la que han reclamado medidas en la línea de lo establecido por el dictamen del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU del pasado 20 de junio de 2017. Los grupos proponentes, junto a PNV y PSE, han firmado una enmienda transaccional, excepto el PP que ha pedido la votación por puntos de la iniciativa y se ha abstenido en los dos en los que se instaba al Gobierno central a adoptar medidas contra los desahucios.
La propuesta insta al Ejecutivo autonómico a “revisar, mejorar y renovar” el Convenio de Colaboración firmado el 18 de junio de 2013 firmado con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Eudel para “mejorar la efectividad y detectar mejor” supuestos casos de vulnerabilidad que permitan asegurar la detección temprana, la intervención rápida de los Servicios Sociales de Base y la búsqueda de alternativas habitacionales en los supuestos casos de vulnerabilidad.
También ha pedido que se “refuercen” las políticas de acceso preferente a la vivienda en situaciones de emergencia habitacional, “evitando el riesgo de exclusión social con opciones habitacionales alternativas”.
La Cámara ha instado al Gobierno Vasco a establecer una línea de trabajo y comunicación con colectivos y asociaciones que luchan en sus respectivos ámbitos contra dicha problemática en la búsqueda de soluciones efectivas, en términos similares de colaboración a los que se mantienen en el protocolo antidesahucios del parque público de vivienda en alquiler que gestiona Alokabide.
Voluntad política
Stop Desahucios Euskadi se ha concentrado frente a la Cámara durante el debate de la proposición no de ley para defender que se aplique el Dictamen de Naciones Unidas para “acabar con los desalojos forzosos de familias vulnerables sin alternativa habitacional previa”.
Asimismo, han advertido de que la iniciativa aprobada será “papel mojado si no hay voluntad política de desarrollarla y ponerla en práctica” y han exigido al Gobierno vasco que haga efectivo el derecho subjetivo a una vivienda porque “es un derecho fundamental que no puede, bajo ningún concepto, ser sustituido por una prestación económica de 250 euros”. “Es una cuantía ridícula en una comunidad con las rentas de alquiler más caras del Estado”, han criticado.
Además, ha recalcado la importancia de que no se produzca una orden judicial de desahucio sin previo informe de los servicios sociales, sin previo juicio de proporcionalidad de los intereses afectados y sin previa alternativa habitacional.
