Los “falsos avisos” al 112 se sancionarán con multas de hasta 600.000 euros

El Parlamento vasco ha aprobado este jueves la nueva Ley de gestión de Emergencias que castigará las conductas de quienes realicen un uso indebido del teléfono 112, de forma que realizar un “falso aviso” de emergencia que suponga movilizar a los recursos de protección civil, será considerada una falta muy grave. El régimen sancionador incluye multas que pueden llegar hasta los 600.000 euros.

Todos los grupos de la Cámara han apoyado el grueso de la nueva ley excepto EH Bildu que se ha abstenido. En el turno de explicación de la Ley, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha recordado que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 8 de julio este proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Gestión de Emergencias, rechazado por el sector, con el objetivo de “poner al día” algunos aspectos de anterior ley del año 1996.

“Transcurridos casi veinte años desde su aprobación, se ha considerado necesario actualizar algunos aspectos para adaptarla a las nuevas circunstancias y tecnologías del momento y mejorar la gestión de las emergencias”, ha informado.

La nueva norma consolida los mecanismos de previsión y prevención ante emergencias, para lo que regula la red de alertas y vincula los servicios meteorológicos con la protección civil. Además, se recogen las obligaciones de autoprotección de las empresas y se actualizan las funciones de los Centros de Coordinación de Emergencias de Euskadi.

También se contempla la creación de distinciones para el personal que interviene en una emergencia y para la ciudadanía que colabora en este tipo de situaciones. Para reforzar la autoridad de quienes trabajan en la coordinación de los operativos de emergencias, éstos obtendrán la condición de agente de la autoridad.

La reforma tiene también un régimen sancionador que establece multas desde los 30.001 hasta los 600.000 euros en el caso de las infracciones “muy graves”, de los 1.501 hasta los 30.000 euros en el caso de las “graves” y de 150 a 1.500 euros para las infracciones “leves”.

Como novedad, se castigarán las conductas de quienes realicen un uso indebido del teléfono 112. Comunicar o provocar “falsos avisos” de emergencia, a través de llamadas a teléfonos u otros medios habilitados para dar urgencias o emergencias, que movilicen la intervención de los recursos de las administraciones en materia de protección civil, será considerada una falta muy grave.

Fruto de la negociación entre los diferentes grupos, el texto recoge nuevas consideraciones, como la existencia de una estructura organizativa pública profesional para el ejercicio de las funciones encomendadas al Gobierno vasco y al Departamento competente en la coordinación y apoyo a la intervención en situaciones de protección civil, emergencias ordinarias e incidentes con múltiples víctimas.

Asimismo, se contemplan medidas de fomento para la creación de redes de apoyo a los servicios profesionales conformadas por organizaciones del voluntariado. La Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute será el centro de formación y preparación de todos los actores integrantes del sistema vasco de atención de emergencias y protección civil.

El debate

El parlamentario del PNV David Latxaga ha destacado que el nuevo texto legal da una visión “global” al sistema vasco de Emergencias y Protección civil y ha destacado que “el grado de apoyo que ha conseguido la ley”, ya que “será beneficioso para la sociedad vasca”. “Ante una solicitud de ayuda hay que responder de forma integral y efectiva y esto se garantiza con esta ley”, ha asegurado.

Latxaga ha afirmado que la ley “ha sido mejorada gracias a la voluntad de todos los grupos” y ha puesto en valor la “puesta en común y trabajo de aproximación” realizado en la Ponencia que ha elaborado el dictamen. Según ha explicado, se han aceptado o transado las 16 enmiendas del PSE, 28 de las 49 enmiendas presentadas por el PP y se han transado 4 de las 8 enmiendas de EH Bildu. Además, ha explicado que UPyD “ni ha presentado enmiendas, ni ha acudido a la Ponencia”.

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha explicado que la posición de su grupos ante esta ley es de “abstención y ha calificado de ”agridulce“ su aprobación porque la coalición está ”contenta“ por haber conseguido ”abrir camino a cuestiones importantes y básicas como la mejora de la estructura organizativa de emergencias“ pero por otra parte, se han mostrado ”disgustada“ porque cree que ”se ha perdido oportunidad dotar a las emergencias de estructuras para las cuestiones diarias mediante el desarrollo de planes y protocolos“. ”El salvamento marítimo una vez más queda en tierra de nadie“, ha lamentado.

Desde el PSE, Mikel Unzalu ha considerado que se trata de una “buena ley para la ciudadanía” ya que incluye medidas que “puede suponer que la ciudadanía vasca esté más protegida en situaciones derivadas de catástrofe generalizada”. Asimismo, ha afirmado que el texto enviado por el Ejecutivo en septiembre de 2014 era “prácticamente una copia casi literal del que envió a la Cámara a finales de la legislatura el Gobierno de Patxi López”.

Unzalu ha criticado la “poca diligencia” que ha tenido el gobierno y el PNV “en la gestión de la producción legislativa”, ya que se trata del noveno proyecto de ley aprobado en la actual legislativa. “Nunca es tarde si la dicha es buena”, ha concluido.

El parlamentario del PP Javier Ruiz de Arbulo ha explicado que consideran que le texto enviado por el Gobierno era “bueno pero mejorable” y ha “alabado” el ambiente de trabajo de la Ponencia donde se ha mantenido un “espíritu abierto” para facilitar las aportaciones del resto de los grupos. “El resultado ha sido un texto cómodo prácticamente apoyado por unanimidad entre todos los grupos”, ha indicado. El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, no ha participado en el debate.