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El Parlamento reclama el "acercamiento" de los presos de ETA con el voto socialista, ahora en el Gobierno

"Cumplir con el ordenamiento jurídico español, con la Constitución y con la Ley General Penitenciaria, sólo es posible cuando se cumplen las condenas en lugares próximos a sus lugares de origen, donde están sus familias", argumenta el PSE-EE

El debate venía motivado por el suicidio en una cárcel andaluza del preso Xabier Rey, detenido en 2008 por el hoy ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska

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La socialista Rafaela Romero

La comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, con los votos de PNV, Elkarrekin Podemos y también de los socialistas, ahora en el Gobierno de España, ha aprobado una resolución propuesta por EH Bildu que "manifiesta su desacuerdo con la política penitenciaria de alejamiento de las personas presas [de ETA] y las medidas excepcionales de aislamiento" y que "entiende necesaria una nueva política penitenciaria que evite un cumplimiento de penas privativas de libertad lejos de los lugares de arraigo social y familiar". Estas tres formaciones han dado el visto bueno a este texto luego de que la coalición de la izquierda abertzale haya aceptado incorporar otro punto en el que se reclama que los cambios en relación a los presos terroristas pasen por la "individualización" y el "reconocimiento del daño causado".

No es ni mucho menos el primer pronunciamiento de la Cámara en este sentido, ya que en el archivo parlamentario hay precedentes en 1996 ó 2013. Incluso hay alguno, como el de 2009, justo en sentido contrario, apoyando la dispersión en la etapa del Gobierno socialista de Patxi López. Pero sí es el primer debate en el que el partido que lidera el Ejecutivo central, competente en materia de Prisiones, se adhiere a una proposición no de ley de esta naturaleza.

La representante del PSE-EE, Rafaela Romero, ha explicado que el acercamiento es "una cuestión que ha de abordarse" porque "hace más de seis años que ETA no está entre nosotros". "Cumplir con el ordenamiento jurídico español, con la Constitución y con la Ley General Penitenciaria, con el principio de reinserción y reintegración, sólo es posible cuando se cumplen las condenas en lugares próximos a sus lugares de origen, donde están sus familias", ha explicado para criticar la "excepcionalidad" en el tratamiento a los reclusos de ETA. Y ha añadido en previsión de las críticas del PP: "Cumplir la ley nunca es una rendición, es la verdadera revolución democrática".

Sobre las víctimas, ha dicho Romero que ellas "no hacen las leyes" pero sí estima que han de ser "escuchadas". Y, a su entender, la "mayoría" de ellas "pide el cumplimiento de la ley desde la justicia y no desde la venganza". Sin mucha claridad, Romero ha señalado también que "todo esto sólo será posible si hay una complicidad entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España".

Se da la circunstancia de que la llave de las Prisiones está ahora en manos de Fernando Grande-Marlaska. El nuevo ministro del Interior fue el magistrado que lideró en 2008 la operación contra el comando del que formaba parte Xabier Rey. Este miembro de ETA falleció en una prisión andaluza hace unos meses, el hecho que empujó a EH Bildu a reclamar el fin del alejamiento. Instituciones Penitenciarias lo consideró un suicidio. Según el promotor de la iniciativa, Julen Arzuaga, "el alejamiento, el aislamiento y la dispersión son la cuerda que se ciñe en el cuello de los presos vascos".

El PP ha sido el único grupo político que no ha apoyado esta resolución. Ha votado en contra de la propuesta original de EH Bildu y se ha abstenido de la adición sobre el "daño causado" planteada por PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE. A Carmelo Barrio, representante 'popular', le ha faltado una exigencia clara de "colaboración con la Justicia" para avanzar en el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos pendientes de resolver.

Se da la circunstancia de que el texto acordado por las cuatro formaciones alude al "reconocimiento del daño causado" pero no al "reconocimiento del daño injusto causado". El concepto "injusto" había sido una exigencia introducida en los debates sobre presos de ETA en los últimos meses, con especial insistencia por parte del lehendakari, Iñigo Urkullu. De hecho, en los actos convocados el pasado 11 de marzo con motivo del día europeo de las víctimas del terrorismo el lema elegido por el Gobierno vasco fue precisamente un escueto "Fue injusto" que motivó que la izquierda abertzale, que había participado en la misma convocatoria del año anterior, no asistiera a los actos institucionales. Pese a todo, Iñigo Iturrate (PNV) ha calificado el acuerdo de "paso adelante muy importante".

El PP, sin embargo, ha sido muy crítico con el acuerdo parlamentario porque "la justicia no es una cuestión de cambios de escenario" y Xabier Rey y los derechos humanos "son una antítesis". Barrio ha recordado que formaba parte del último comando activo en Navarra, que tenía explosivos en su poder y una lista de objetivos y que los presos de ETA cumplen condena "por sus crímenes". Ha manifestado que PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE han rebajado la exigencia a una formación que no ha condenado la violencia. Desde la bancada de EH Bildu, Arzuaga ha asegurado que lo que el PP desea es venganza y que las muertes de reclusos en prisión se repitan "una y otra vez".

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