El Parlamento pide dotar con más medios la nueva Fiscalía vasca de delitos económicos
El Parlamento Vasco, contra el criterio de los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, ha aprobado una resolución de tres puntos en la se insta al Departamento de Justicia a dotar de medios suficientes a la nueva Fiscalía especializada en delitos económicos, al Departamento de Seguridad a “incrementar de inmediato” la unidad anticorrupción de la Ertzaintza y al conjunto de administraciones “a prestar la más rápida y diligente colaboración” con el poder judicial en las investigaciones abiertas. El texto ha salido adelante por la mayoría que tienen en la Cámara los partidos de la oposición, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP.
Ése ha sido el resultado de un debate extraño, por el que incluso ha pedido disculpas la proponente, Jone Goirizelaia (EH Bildu). La coalición abertzale registró el 21 de septiembre del pasado año una iniciativa para reclamar, literalmente, “la necesidad de crear la Fiscalía contra la corrupción”. Después de meses en barbecho, se había programado el debate para el pleno de este jueves, pero esa demanda había quedado superada ya que, como publicó este periódico, el martes fue nombrado el primer fiscal delegado en Euskadi que se especializará en delitos económicos, José Manuel Ortiz. La propia fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, lo confirmó este miércoles en la Cámara en una comparecencia ante la comisión de Justicia.
Goirizelaia, de hecho, mostró su intención de retirar la propuesta justo al término de la comparecencia de Adán. Sin embargo, minutos más tarde EH Bildu anunció por correo electrónico que el debate se mantendría para aprovechar para reclamar para el nuevo fiscal medios materiales y humanos, en la línea de las reivindicaciones formuladas por la propia Adán. Así se fraguó el texto, pactado entre EH Bildu y Elkarrekin Podemos y al que finalmente se ha adherido el PP, quejoso con las formas pero de acuerdo con el fondo.
Las disculpas públicas de Goirizelaia desde la tribuna no han sido suficientes para que PNV y PSE-EE se sumaran y, técnicamente, han votado en contra de dotar de más medios a las investigaciones por corrupción. El representante nacionalista Joseba Zorrilla se ha escudado en que es “una auténtica tomadura de pelo” haber mantenido un debate sobre asunto ya resuelto y ha interpretado que formaba parte, en plena precampaña electoral, de la estrategia de la oposición para “poner el ventilador y airear supuestos casos de corrupción”. También Alexia Castelo (PSE-EE) ha lamentado el “pim pam pum”.
Ha sido Cristina Macazaga (Elkarrekin Podemos) la más beligerante en el debate. Ha enumerado una larga lista de casos descubiertos en Euskadi, entre los que ha incluido el 'caso De Miguel' o las más recientes oposiciones de Osakidetza. Zorrilla ha pedido “restar dos” de ese listado, en referencia a las recientes resoluciones sobre Epsilon e Hiriko -que no obvian las millonarias cantidades de dinero público enterradas- e incluso ha asegurado que denunciar políticamente la corrupción en Euskadi se castiga en las urnas. “Mire dónde está el señor Maneiro con esa estrategia política de la que cogen el testigo”, le ha dicho a la bancada de Elkarrekin Podemos el PNV citando al que fuera portavoz de la ya extraparlamentaria UPyD.
Este debate, el primero del pleno de este jueves, ha coincidido en su totalidad con la declaración del lehendakari, Iñigo Urkullu, en el juicio del Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas catalanes. Lógicamente, el escaño del presidente vasco estaba vacío, como también el de todos los miembros de su Gobierno excepto en los casos del consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, y de la titular de Justicia, María Jesús San José.
Azpiazu, sin embargo, estaba viendo desde su iPad la retransmisión 'online' del juicio de TV3. Otros miembros de la Cámara y muchos periodistas también han utilizado sus auriculares para escuchar en directo a Urkullu. Más de primera mano lo han podido seguir tanto Iñigo Iturrate (PNV) como Maddalen Iriarte (EH Bildu), que junto con Joseba Egibar forman parte de la delegación del Parlamento Vasco autorizada para participar como espectadora del proceso judicial.
