PNV y PSE-EE evitan personalizar el fiasco de Epsilon
La comisión de investigación de las ayudas públicas a los proyectos Epsilon e Hiriko -en total unos 64 millones de euros- ha aprobado un dictamen en el que se fijan las “responsabilidades políticas” de cargos del PNV que se sentaban en las instituciones que dieron luz verde a decisiones que supusieron la dilapidación de dinero público. Pero la mayoría de la comisión ha rechazado las enmiendas presentadas por EH Bildu y por UPyD en las que se añadían los nombres y apellidos concretos a las responsabilidades genéricas que se atribuían en el dictamen provisional elaborado por el presidente de la comisión parlamentaria, el popular Carmelo Barrio.
Socialistas y peneuvistas no han apoyado las enmiendas que buscaban dar un paso más al señalar directamente a los responsables de las pérdidas millonarias que han generado ambos proyectos fallidos. El PNV ha calificado los trabajos del foro parlamentario de una “comisión de inquisición y de politiquilla de salón”. El portavoz socialista, Vicente Reyes, ha señalado que su partido no tenía ningún problema en que hubieran aparecido los nombres, pero ha argumentado su rechazo a las alegaciones de UPyD y de la coalición soberanista en el hecho de que no “se hubieran puesto de acuerdo” ambos partidos para pactarlas. El PSE cree que los nombres aparecen en algunas partes del informe y, sobre todo, considera que se ha conseguido el objetivo: “que el dictamen no fuera rebajado” y que quedaran claras las “responsabilidades políticas”. “Gracias a nosotros existen responsabilidades políticas en el dictamen finalmente aprobado”, ha subrayado Reyes.
El dictamen provisional se ha convertido hoy en definitivo porque todas las alegaciones -más de 100- han sido rechazadas, según ha indicado el presidente, Carmelo Barrio. Barrio ha quitado importancia al hecho de que no se nombre expresamente a las personas, aunque ha señalado que están claras las responsabilidades: las de aquellos que se sentaron en los órganos donde se tomaron las decisiones.
El dictamen apunta a las personas que formaban parte en 2007 del Consejo Vasco de Promoción Económica y que consideraron Epsilon como un “proyecto estratégico”, abriendo así la espita de las subvenciones, avales y ayudas públicas. En esa reunión se propuso al Consejo de Gobierno que presidía el lehendakari Ibarretxe “la concesión de una subvención de Fondos Estratégicos”.
Los fondos, incluidas las aportaciones que también llegaron del Gobierno central, ascendieron finalmente a 48 millones de euros para el proyecto Epsilon, la escudería de Fórmula 1 del Ejecutivo que entonces lideraba el lehendakari Ibarretxe.
En la enmienda de UPyD que finalmente ha sido rechazada, se fijaban los nombres de las personas que entonces estaban en el citado Consejo Vasco de Promoción Económica: la consejera de Industria, Ana Agirre, Iñaki Tellechea; Rodrigo García; Koro Garmendia; José Ignacio Zudaire; Juan Miguel Bilbao; Manuel Urquijo; Arantza Zenarruzabeitia; Hernando Lacalle; Izaskun Artetxe; José María Iruarrizaga; Arantza Tapia; José Ramón Guridi; Alejandro López (vocales). Tapia precisó el martes que ellas no estuvo presente en la sesión en la que se aprobó el 28 de noviembre de 2007 y que en aquella ocasión delegó su voto. Todos los partidos consultados, salvo el PNV, creen que la responsabilidad política es de quien delegó en su día el voto.
Y también ha sido rechazada la enmienda que apuntaba con nombres y apellidos a las personas que se sentaban en el Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Álava el 16 de marzo de 2009 cuando se aprobó la cesión del rango hipotecario a dos cajas. Ese acuerdo supuso posteriormente para las arcas públicas un desembolso de 16 millones de euros para hacer frente a las responsabilidades adquiridas ante las cajas por esa decisión completamente “inusual” y ajena al “objeto social” del parque tecnológico, según se recoge en el dictamen aprobado.
Las personas que se sentaban en ese consejo eran: Julián Sánchez Alegría; Alejandro López Cárcamo; Mauri Lazkano; Elena Gutiérrez; Arantza Zenarruzabeitia; Alfredo de Miguel, Hernando Lacalle; Iñaki Prusilla.
Al menos seis de todas esas personas a las que se les atribuyen “responsabilidades políticas” sin enumerarlas una a una son en la actualidad altos cargos -consejeros, viceconsejeros o directores- del Gobierno actual del lehendakari Urkullu: Arantza Tapia, consejera de Desarrollo y Competitividad; Ana Agirre, viceconsejera de Justicia; Juan Miguel Bilbao, viceconsejero de Hacienda; Hernando Lacalle, director de presupuestos; Rodrigo García, director de Coordinación de Seguridad, y Alejandro López Carcamo, director de Desarrollo Industrial. El representante de UPyD, Gorka Maneiro, considera que todos ellos “deberían dimitir de manera inminente” y EH Bildu, a través de su parlamentario en la comisión Igor López de Munain, cree que todos ellos “deberían estar en la calle y no en el Gobierno vasco, por respeto a la ciudadanía”. Ni PP, ni PSE, ni el PNV han seguido esa estela. Los socialistas creen que ahora debe ser el Ejecutivo vasco el que lea el dictamen “con el lapiz en la mano y debe tomar su decisión. Es cosa suya”.
Hiriko y Zapatero
Sobre el coche eléctrico Hiriko, cuyas ayudas públicas de 16 millones de euros también han sido objeto de la comisión de investigación, el informe advierte de que las ayudas públicas “corren el riesgo de acabar, bien perdidas definitivamente o bien en manos de empresas privadas” a traves de las patentes que están a punto de ser liberalizadas. A juicio del informe, el Gobierno “careció de una falta de visión estratégica al no haber apreciado los riesgos en relación con la necesidad de homologación del proyecto Hiriko”.
El informe señala a la entonces dirección de la SPRI -que gestionaba los programas de ayudas Etorgai y Ekintzaile- porque han tenido una “responsabilidad 'in vigilando'” y “un deber de exigencia de auténticos planes de viabilidad y empresariales que en el caso del proyecto Hiriko no han existido de una manera coherente y en consonancia con los planes iniciales”, censura el dictamen.
Pero la comisión, por ejemplo, ha rechazado la enmienda de UPyD que apuntaba responsabilidades políticas en el Gobierno socialista de la época. La enmienda que no ha salido adelante señalaba: “El Gobierno de España presidido por José Luis Rodríguez Zapatero es responsable político por ceder a las presiones políticas del PNV, en el marco de unas negociaciones presupuestarias alejadas del contenido estrictamente presupuestario, dado que conllevaron la concesión de ayudas y subvenciones a Hiriko, sin existir por parte del Ejecutivo central las necesarias medidas de valoración, vigilancia y control que pudieran justificarlas”.
