El Parlamento presiona al Gobierno para que refuerce el control sobre los comedores escolares

Por unanimidad. Así ha aprobado el Parlamento vascouna proposición en la que insta al Gobierno vasco a reformar la normativa de los comedores escolares de centros públicos con el fin de incorporar a la misma, a partir del curso 2020-2021, más sistemas de control. La cuestión de los comedores escolares ha coleado en el Parlamento en los dos últimos años. Apenas hace dos semanas, la Cámara aprobó el dictamen de conclusiones de la comisión que ha investigado las derivadas políticas del cártel de los comedores de los colegios públicos, un grupo de empresas que desde 2003 se repartieron el mayor contrato de la Educación vasca y que generaron un sobrecoste, según ese informe, de hasta 80,2 millones de euros. 48,5 de esos millones habrían salido de los bolsillos de las familias usuarias. Ese dictamen salió adelante solo con los votos de la oposición.

En aquel debate, PNV y PSE (socios en el Gobierno vasco) criticaron la 'alianza' entre los partidos de la oposición y calificaron el dictamen de mera venganza política para desgastar al Ejecutivo de Urkullu. Con esos antecedentes parecía difícil pensar en lograr la unanimidad con una propuesta que vuelve a sacar los colores sobre la gestión de los comedores escolares, al insistir en endurecer el control. Sin embargo, ahora la propuesta ha recibido el respaldo de todos, lo que de alguna manera garantiza la buena disposición del Gobierno a cumplirla.

Entre otras cuestiones, la Cámara insta al Gobierno a que, en un periodo máximo de cuatro meses, culmine junto a toda la comunidad educativa un proceso de información para contrastar las nuevas bases de los pliegos de contratación de este servicio.

Asimismo, solicita al Gobierno autonómico que, en el mismo plazo culmine el análisis de los diferentes modelos de gestión descentralizada de los comedores “desde el punto de vista de su viabilidad técnica, jurídica y administrativa”.

El objetivo de este análisis es compaginar el mantenimiento del carácter público de este servicio con la posibilidad de que los propios centros, en colaboración con las instituciones locales, asuman su gestión.

También se pide al Ejecutivo que asegure la construcción de cocinas en aquellos centros que los soliciten, de forma que estos “puedan qué tipo de servicio de comedor quieren tener”.