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Pensionistas, la cuarta parte del censo y los menos abstencionistas: ¿a quién votarán?

Desde hace 15 meses, el colectivo de pensionistas advierte: ‘Si nos roban las pensiones, lo pagarán en las elecciones’. Ha llegado su día

Pensionistas vascos pedirán el 28 de marzo a la consejera de Trabajo que el Gobierno Vasco complemente las prestaciones

Pensionistas vascos, durante su habitual concentración de los lunes en Bilbao

Un año y tres meses después, el movimiento de pensionistas se encuentra ante su gran prueba de fuego: las elecciones generales del 28 A. Desde hace 15 meses, el colectivo de pensionistas permanece en constante movilización. Solo la satisfacción de dos de sus demandas podría desactivar las movilizaciones: el incremento de las pensiones en base al IPC, como derecho y por ley, desde ahora y para siempre, sin depender de acuerdos presupuestarios; y el establecimiento de un pensión de 1.080 euros mensuales, equiparando ya la pensión mínima con los 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los pensionistas suponen la cuarta parte del censo y son el colectivo menos abstencionista. Dos circunstancias que deberían poner en alerta a los partidos y que los pensionistas se han encargado de martillear en los últimos meses a modo de consigna: ‘Si nos roban las pensiones [los partidos], lo pagarán en las elecciones’.

Como recuerda Luis Alejos, sociólogo y pensionista y gran conocedor del fenómeno, el movimiento de pensionistas surge un día concreto, a una hora determinada, en un lugar preciso, respondiendo a una cita: “Lunes 15 de enero de 2018, a las 12 del mediodía, en el Ayuntamiento de Bilbao, defenderemos nuestras pensiones. Pásalo”. Este mensaje circuló a modo de convocatoria por las redes sociales, logrando reunir a varios cientos de personas. Y desde entonces, el movimiento ha ido a más. Las movilizaciones se mantienen en todos los territorios del país, manteniéndose Bilbao como el referente más significativo.

En previsión de que la consigna de ‘Si nos roban las pensiones, lo pagarán en las elecciones’, los partidos toman posiciones. “La derecha blandiendo un discurso catastrofista sobre el sistema público de pensiones, favorable a los intereses privatizadores de la banca. La izquierda con mensajes tranquilizadores sobre la solvencia y la estabilidad de la Seguridad Social”, apunta Alejos en su último artículo de opinión para eldiarionorte.

El caso es que las asociaciones de pensionistas con capacidad de movilización no han pedido el voto para ninguna candidatura. “Las urnas no despejarán todas las dudas. Influirán negociaciones entre partidos, poderes en la sombra y movilizaciones ciudadanas, en particular de pensionistas reclamando: ‘Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden’”, recalca Alejos.

El PSOE y Unidas Podemos se han comprometido en sus programas electorales a blindar en la Constitución el carácter público del sistema de pensiones, su sostenibilidad financiera y su revalorización. Pero son declaraciones de intenciones, por lo que “no se plegarán las pancartas, ni se paralizarán las concentraciones semanales” de pensionistas hasta que se conviertan en una realidad. De momento, lo que sigue en vigor es la congelación encubierta de las pensiones (0,25 %) y el factor de sostenibilidad.

Precedente vasco

Mientras, el PP refleja en su programa que las pensiones deben mantener su poder adquisitivo. La revalorización tendrá en cuenta tanto el indice de precios de consumo (IPC) como otros indicadores que garanticen el cumplimiento simultáneo de los principios de mantenimiento del poder adquisitivo y sostenibilidad. Y Ciudadanos es más ambiguo: habla de recuperar el Pacto de Toledo para buscar el consenso sobre una reforma que permita "mantener el poder adquisitivo de las pensiones presentes y futuras, y garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo".  

Los partidos políticos han seguido muy de cerca la lucha de los pensionistas y en ningún momento han podido controlarla. Incluso en Euskadi han estado en primera línea de las negociaciones presupuestarias que en su momento mantuvo el PNV con EH Bildu para las cuentas de 2019. La coalición soberanista intentó incidir en las cuentas del Gobierno vasco enarbolando la bandera de los pensionistas: 'pensión mínima de 1.080 euros'.

Al final no se alcanzó ningún acuerdo: EH Bilbu se retiró de la negociación y el Gobierno vasco optó por prorrogar las cuentas del 2018.

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