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Primera condena a una institución pública por la muerte de un empleado debido al uso de amianto

Una concentración en Bilbao denuncia que el amianto "mata" y recuerda que "el problema existe" aún

Eduardo Azumendi

El Ayuntamiento de Llodio se ha convertido en la primera institución pública en Euskadi en ser condenada a indemnizar a la familia de un empleado municipal que falleció debido a un cáncer provocado por el uso del amianto.  Un juzgado de Vitoria ha impuesto al Ayuntamiento el pago de una  indemnización de 133.806 euros a la familia de Kepa Galdos, quien falleció en 2012 a consecuencia de un mesotelioma pleural, tras haber manipulado y estado expuesto a la fibra cancerígena del amianto en el trabajo.

La Corporación, gobernada por EH Bildu, rechazó en su momento los informes del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales-Osalan, que acreditaban la exposición al amianto del trabajador y el incumplimiento de la legislación preventiva. “Incluso después de la prohibición del amianto, la continuaron manipulando, cortando con rotaflex la tubería de fibrocemento, sin aplicar sistemas húmedos”, critica la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (ASVIAMIE). Tras una investigación realizada el 2013, un año más tarde de morir el trabajador, se confirmó la presencia de amianto en 18 de los 52 puntos revisados en las instalaciones municipales.

La sentencia del juzgado considera probado que el operario utilizó y manipuló materiales de obra que contenían amianto “sin ningún tipo de protección individual” durante el tiempo en el que realizó tareas de mantenimiento y obras para este consistorio alavés entre 1980 y 2006, cuando causó baja por una incapacidad permanente total. Según el juez, durante el tiempo en el que el operario trabajó para el Ayuntamiento se conocía la toxicidad del amianto, pero el trabajador desarrolló su labor sin protección.

En su día, el Ayuntamiento de Llodio se personó conjuntamente con la mutua en contra de la resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social, desviando la responsabilidad hacia otras empresas en las que estuvo empleado el fallecido en cortos periodos.

“Desde ASVIAMIE exigimos justicia y reparación a las víctimas del amianto. No vamos aceptar zancadillas u otras maniobras de las mutuas, empresas o ayuntamientos, sean del color político que sean sus gestores”, ha insistido Jesús Uzkudun, representante de la Asociación.

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