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El PNV pone a cuatro consejeros de Urkullu para negociar con el PSE

Aitor Guenaga

Bilbao —

Socialistas y peneuvistas han entrado en pista para intentar cerrar “acuerdos de país”. Al encuentro celebrado el martes entres las delegaciones que buscan pactar en tiempo récord la nueva fiscalidad y las políticas de lucha contra el fraude fiscal, se suma hoy jueves la reunión que mantendrá la comisión centrada en abordar las políticas públicas y los servicios sociales sostenibles en esta coyuntura de crisis. Aunque el lehendakari dejó en manos de los partidos la consecución de los acuerdos, finalmente el PNV ha decidido colocar en cada una de las cuatro comisiones negociadoras a un consejero del gabinete de Urkullu de forma que partido y gobierno conozcan en tiempo real el devenir de las negociaciones.

Así, a la reunión del martes acudió el consejero de Hacienda y Finanzas, Ricardo Gatzagaetxebarria. Pero no fue la persona que dirigió la reunión por parte de la delegación peneuvista. De hecho, prácticamente no intervino, según fuentes conocedoras del encuentro, y la voz cantante la llevó la secretaria del EBB, Pilar García Salazar. En la reunión, de unas dos horas y media de duración, ambas partes flexibilizaron sus posturas, aunque no se alcanzó ningún acuerdo. Y acordaron mantener una nueva reunión la proxima semana.

En el encuentro previsto para hoy, el consejero del gobierno que acudirá para debatir sobre las políticas públicas y los servicios sociales es el titular del ramo, Juan María Aburto. Junto a él participarán por el PNV Joseba Egibar y Aitor Olaizola. En la delegación socialista estarán Txarli Prieto, Vicente Reyes y Susana Corcuera. El PSE considera básico definir un catálogo de servicios publicos esenciales en materia de Educación, Sanidad y Políticas sociales y fijar quiénes son sus destinatarios. El objetivo es establecer cuáles deben ser intocables en una situación de crisis como la actual, cuáles pueden quedar congelados -al menos hasta que se produzca una recuperación de la economía y el empleo, que el Gobierno Urkullu ha atrasado hasta 2015- y cuáles tienen que ser modificables. El PNV coincide en la defensa de los servicios públicos esenciales y en mantener el paraguas de protección actual (el “modelo vasco de protección social”, en palabras del partido que dirige Andoni Ortuzar). La clave será fijar ese catálogo y ver si las prioridades de ambas formaciones coinciden.

Modificar la Ley de Territorios Históricos

La reunión del viernes estará destinada a sondear los posibles acuerdos que se puedan producir para redefinir el marco institucional del País Vasco. En este caso, el consejero del Gobierno vasco que acudirá en la delegación del PNV es el portavoz y titular de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka. Junto a él estarán los parlamentarios Ane Otadui y Kerman Orbegozo y el miembro del EBB Koldo Mediavilla. La delegación del PSE la componen Idoia Mendia, Begoña Gil, Susana Corcuera y Cristina González. Los socialistas creen que es necesario reformar la Ley de Territorios Históricos (LTH) y aprobar de manera urgente una Ley municipal. Defienden dimensionar el sector público que gestionan las diferentes Administraciones vascas, fusionando en una sola empresa pública todas aquellas que intervengan en un mismo ámbito de actuación. Y, finalmente, plantean culminar en el plazo de seis meses el estudio sobre duplicidades y disfunciones abordado en la anterior legislatura, con el fin de adecuar el entramado institucional a las necesidades actuales de la sociedad vasca. El lehendakari se ha comprometido a presentar en el mes de julio un plan de redimensionamiento del sector público y, además, ha fijado para otoño la constitución de la ponencia parlamentaria sobre el modelo institucional y su arquitectura básica.

La cuarta comisión -en la que PNV y PSE deben fijar las políticas de reactivación económica- no se reunirá hasta la semana que viene. La consejera que participará en la delegación peneuvista es Arantza Tapia. Frente a ella, encabezará la delegación socialista José Antonio Pastor. Los socialistas han vinculado los resultados de la mesa de fiscalidad y lucha contra el fraude (ingresos) con esta cuarta comisión, ya que será en ella donde se fijen las prioridades del gasto: planes contra el desempleo juvenil y parados de larga duración, avales para la estimulación empresarial, impulso a las políticas de investigación y desarrollo e inversiones en infraestructuras estratégicas o en proyectos de naturaleza científica, entre otros.

La metodología acordada en la reunión que mantuvieron al más alto nivel ambos partidos para abrir esta negociación dejaba claro que ninguna de estas comisiones de trabajo tiene facultad para cerrar ningún acuerdo y que será la comisión política el órgano encargado de ratificar los consensos a los que se puedan llegar en las cuatro mesas de trabajo.

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