Solo uno de cada diez desahucios llega a oídos de la calle

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, el embargo de la propiedad para su venta tras el impago de una hipoteca, se elevaron a 368 en Euskadi el año pasado. Es decir, una al día. Sin embargo, apenas el 10% de los lanzamientos llega hasta oídos de la calle. Es decir, hasta las plataformas de Stop Desahucios, que hoy por hoy, se han mostrado como las más eficaces para intentar detener los lanzamientos. ¿Por qué llegan tan pocos? “El desconocimiento de lo que hay qué hacer, el bloqueo de los afectados y el propio sistema judicial, que pone más zancadillas que otra cosa”, apunta José María Erauskin, abogado de Stop Desahucios Gipuzkoa.

El primer problema llega con la notificación del lanzamiento. El juzgado solo concede 10 días para que el afectado se oponga a la demanda de ejecución. “Es muy poco tiempo. Entre que el afectado se da cuenta de lo que pasa, que consulta con un amigo para informarse mejor y llega hasta Stop Desahucios ya ha pasado el plazo y queda completamente indefenso”, explica Erauskin. En este sentido, el abogado cuenta un caso reciente que ha tenido que atender. “Un afectado recibió la comunicación y cuando reaccionó y vino a hablar con nosotros ya habían pasado los 10 días. Así, ya no puede oponerse y, por lo tanto, es cosa juzgada. Eso significa que ha perdido su casa de manera irremediable”.

En el supuesto que hubiera reaccionado a tiempo, la persona que va ser desahuciada debe oponerse formalmente a la ejecución del desahucio alegando, por ejemplo, la existencia de cláusulas abusivas en la hipoteca. Eso implica ir a juicio, arriesgarse a perderlo y correr con las costas, que son un porcentaje del importe del préstamo hipotecario. En algunos casos, Erauskin esas costas pueden superar hasta los 70.000 euros. “Es algo disuasorio para una persona que está a punto de perder su casa y encima arrastrar el impago. El temor a sumar 70.000 euros les hace desistir”. Entonces, al no oponerse pierden la casa a las primeras de cambio.

Otra opción es recurrir al juzgado mercantil. En este caso, si se pierde las costas son fijas: 2.600 euros. Pero hay una pega. “La Audiencia de Gipuzkoa ha revocado fallos a favor de los afectados que recurrieron a la vía mercantil porque previamente no se opusieron a la ejecución. Es decir, el propio sistema judicial cortocircuita las opciones de las personas que van a ser desahuciadas”.

Erauskin también critica la actuación de algunos jueces, quienes de oficio podrían actuar y comprobar si existen cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, pero que en la práctica no lo hacen. “En Gipuzkoa, ningún juez ha actuado de oficio hasta ahora contra las cláusulas abusivas”.