Erkoreka dice que Gallardón solo destinará el excedente de las tasas a justicia gratuita
El consejero de Justicia y portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha mantenido esta tarde una reunión en Madrid con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en la que han tratado, entre otros temas, la nueva ley de tasas judiciales y el destino que se va a dar a esos fondos. Al término del encuentro, Erkoreka ha revelado la intención del Ejecutivo central de destinar únicamente el excedente de lo recaudado por la nueva ley de Tasas judiciales para justicia gratuita.
En un ambiente “agradable y cordial”, Erkoreka trasladó a Gallardón su rechazo a la ley de Tasas, parte de las cuales estarían destinadas a sufragar la justicia gratuita para aquellas personas con pocos recursos económicos. “Hemos coincidido en algunos puntos y discrepado en otros” en relación con la política del Gobierno central a propósito de las tasas judiciales. Y ha explicado, además, que dado que Euskadi tiene transferidas las competencias en esta materia, el destino de esas tasas debería ser determinado “conjuntamente” entre el Departamento de Justicia y el propio Ministerio. Al término de la reunión, el consejero de Justicia explicó que el ministro Gallardón ya le ha comunicado que “solo el exceso de lo que ya se recauda por las tasas judiciales será destinado para justicia gratuita”.
Sobre cómo se va a repartir entre las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia la recaudación de la nueva ley de Tasas, Erkoreka dijo que no estaba definido. “El sistema se va a configurar a lo largo de este ejercicio de manera que pueda entrar en vigor plenamente en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, a partir del 1 de enero del año que viene. Insisto, el sistema de reparto está todavía sin definir, entre otras cosas porque el Gobierno espera tomar la decisión cuando disponga de un margen temporal suficiente y un criterio suficientemente elaborado en relación con lo que da de sí la recaudación de las tasas judiciales”, ha argumentado.
Compromiso de información
Erkoreka ha explicado que Gallardón se ha comprometido ha mantenerle informado en torno a “la evolución que experimente la recaudación de las tasas judiciales”, así como a formular “una propuesta de distribución de los fondos que resulten de las tasas judiciales” entre las comunidades autónomas con competencias en este ámbito.
En Justicia gratuita, solo en el segundo semestre de 2012 el Ejecutivo destinó un total de 4,7 millones de euros. 5.307 personas sin recursos se beneficiaron de esta partida, fundamentalmente expedientes tramitados en los juzgados de Primera Instancia de familia (1.955 casos) y los expedientes penales ordinarios (un total de 1.690). El Ejecutivo destinó el mes pasado una primera partida de 5,9 millones de euros para justicia gratuita.
Es el primer encuentro entre Alberto Ruiz Gallardón y Josu Erkoreka, desde que este último accediera a la cartera de Justicia y Administración Pública del Gobierno vasco en diciembre pasado. La reunión comenzó a las 13.00 horas en la sede del Ministerio de Justicia, y Erkoreka estuvo acompañado por la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, y la directora del Gabinete, Tatiana González.
El anterior Ejecutivo mostró su rechazo a la Ley de Tasas de Gallardón. A finales de noviembre, el Gobierno socialista en funciones ya dio luz verde a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012, que regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. El argumento básico, invocando alguna resolución del Tribunal Constitucional y la propia Constitución, era que el derecho a la tutela judicial efectiva podía verse conculcado si se imponían “requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción” o tales trabas eran “innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad”. Además, el Gobierno criticó entonces también que se había producido una “invasión competencial”, ya que parte de las tasas va destinada a la justicia gratuita, pero no se había escuchado a las comunidades autónomas con competencias en Justicia, como es el caso del País Vasco.
