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Sos Racismo denuncia la detención ilegal de un ciudadano marroquí

Un juez ordena la puesta en libertad del detenido, al que se trasladaba a Madrid para ejecutar su expulsión, ya que el requerimiento había quedado rebocado en una orden anterior.

La ONG denuncia las "expulsiones express realizadas por la Brigada de Extranjería de Bilbao que "conculcan el derecho a la asistencia letrada".

El pasado 19 de febrero un ciudadano marroquí fue detenido por la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Bilbao e inmediatamente trasladado a Madrid para ejecutar su expulsión a través del puesto fronterizo de Ceuta en el plazo de 72 horas. Su pareja de hecho presentó un escrito de 'habeas corpus' ante el juzgado de guardia que fue estimado por la juez que ordenó la inmediata puesta en libertad del detenido.

El auto constata que la orden de expulsión había quedado sin efecto por una resolución posterior de la misma Subdelegación de Gobierno y que la Brigada de extranjería no había procedido a la puesta en libertad del detenido ni siquiera después de tener conocimiento de la resolución que dejaba sin efecto la expulsión. Por ello la juez ha ordenado deducir testimonio y castigo de delito que hubiera podido haberse cometido por quien ordenó la detención.

Sos Racismo denuncia que es una práctica habitual de la Brigada de extranjería de Bilbao denegar la asistencia letrada en las “expulsiones express”. La ONG explica que para realizar estas expulsiones los detenidos son trasladados a Madrid en furgoneta y desde Barajas a Ceuta por medio de los llamados “vuelos de la vergüenza”. Una campaña apoyada por numerosas ONGs denuncia estos vuelos de deportación y a sus responsables políticos y alienta una campaña de boicot a Air Europa y a todas las empresas del Grupo Globalia, que según aseguran "se beneficia de ellos como adjudicataria de un contrato por casi 12 millones de euros".

Desde Sos Racismo aclaran que "si la expulsión se realiza en menos de 72 horas no necesitan solicitar autorización judicial por lo que ninguna institución controla que esa expulsión cumpla con los requisitos legales y que la persona sea tratada adecuadamente. La denegación de la asistencia letrada, además de conculcar un derecho fundamental, hace posible que se expulse a personas que no tengan una orden de expulsión vigente".

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