La fiscal del TS Elvira Tejada aboga por la “concienciación” sobre los riesgos de la ciberdelincuencia

La fiscal del Tribunal Supremo (TS) y coordinadora nacional contra la criminalidad informática, Elvira Tejada, ha apelado a la “concienciación” de la ciudadanía sobre “los riesgos de la ciberdelincuencia” en la inauguración del Curso de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 'Ciberdelincuencia y la seguridad de la información de la empresa del siglo XXI' en San Sebastián.

En su intervención, Tejada ha indicado que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a finales de 2016 en España había 27.700.000 usuarios habituales de internet, es decir, “más del 80% de la población de entre 15 y 80 años accede al menos dos o tres veces a la semana en internet”.

Además, la fiscal ha alertado de la “gran vulnerabilidad” de los ciudadanos ante la “amenaza” de la ciberdelincuencia, con virus informáticos como el WannaCry que “afectó a 300.000 equipos informáticos”.Tejada ha destacado que “el 80% de los delitos que se denuncian en materia de ciberdelincuencia son estafas” y ha abogado por “evolucionar en la reformas en esta materia para salvaguardar la ciberseguridad”.

Por otro lado, ha puesto en valor la Convención de Budapest, un tratado internacional publicado en 2001 firmado por 55 países europeos y otros como Estados Unidos, Israel o Japón, fuera del Consejo de Europa, porque “crea una norma común para todos”. “Esto permite agilizar los procesos de investigaciones judiciales y actuar más rápidamente ante una modalidad delictiva que no entiende de fronteras”, ha destacado.

También se ha referido a las directivas europeas 2013/40 sobre ataques a sistemas de información y 2016/1148 sobre la seguridad de las redes y sistemas de información, así como a la Estrategia Europea de Ciberseguridad de 2013.

Para Tejada, “cualquier regulación que se haga para establecer los procedimientos penales contra la ciberdelincuencia debe hacerse tomando como base el pleno respeto a los derechos y libertades fundamentales de las personas”. La fiscal también ha hecho referencia a la Estrategia de Ciberseguridad Nacional de 2013, “un documento elaborado bajo la dirección del Consejo de Seguridad Nacional” que persigue “ofrecer unas directrices estatales a partir de una normativa europea compartida para combatir la ciberdelincuencia”.

Asimismo, ha aludido a las dos reformas del Código Penal llevadas a cabo “por pura necesidad”, al “resultar imprescindible adecuar nuestra legislación a las nuevas situaciones generadas al hilo del desarrollo de las TICs, porque la anterior se había quedado vieja”.

“La primera reforma hecha en 2010 incorpora nuevos tipos penales y modifica delitos de terrorismo y de libertad e indemnidad sexual, además de contemplar la responsabilidad penal de personas jurídicas”, ha explicado, mientras que la segunda, redactada en el 2013, añade más tipos penales y realiza otras modificaciones derivadas.

Por otra parte, ha recordado que en España también se ha publicado una Ley Orgánica 13/2015 de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se han seguido varias directrices tales como “la incorporación de doctrinas del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional; la armonización con la normativa internacional y la incorporación de nuevas técnicas de investigación criminal”.

NUEVAS MEDIDAS

Finalmente, ha opinado que “estamos abocados a una situación de permanente insuficiencia normativa, por lo que es predominante la necesidad de adopción de nuevas medidas legislativas”.

“La jurisprudencia está tratando de adaptarse a una realidad cambiante y ambigua, y para ello estamos empezando a formarnos más a fondo en esta materia”, ha incidido.