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El Tribunal de Cuentas impone una fianza de medio millón a Alonso y Maroto por un alquiler "pactado"

El Tribunal declara al ministro Alfonso Alonso responsable del sobreprecio millonario acordadado para el alquiler de una lonja en Vitoria cuando fue alcalde de la ciudad.

El órgano fiscalizador confirma que Alonso y su equipo acordaron con el arrendatario un precio superior al recomendado por los técnicos municipales que provocó un perjuicio en las arcas municipales.

Los nueve miembros del equipo del PP que gobernaba el Ayuntamiento entre 2003 y 2007 deberán pagar de manera solidaria en un plazo de diez días la cantidad reclamada.

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El ministro Alfonso Alonso es, según el Tribunal de Cuentas, responsable de un sobreprecio en un alquiler millonario pactado con su propietarios.

El Tribunal de Cuentas de España no ha rechazado la prescripción de este caso, como pedían los implicados sino que ha ordenado abonar medio millón de euros al exalcalde de Vitoria y actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y al actual regidor, Javier Maroto y al resto de su equipo de Gobierno de entonces. Se les reclama esta cantidad por el perjucio económico causado al Ayuntamiento de Vitoria con su actuación y porque considera que tiene una responsabilidad contable en el caso.  El máximo órgano fiscalizador continúa así con el procedimiento abierto sobre el alquiler presuntamente irregular de un local en Vitoria fijado en un precio muy superior al de compra. Los nueve miembros del equipo del PP que gobernaba el Ayuntamiento entre 2003 y 2007 deberán pagar de manera solidaria la fianza. Disponen de 10 días para realizar el reintegro. De lo contario se enfrentarán a un embargo. Cada uno de ellos deberán pagar 55.135 euros, que hace un total de 497.223 euros.

El Tribunal de Cuentas ha tomado esta decisión tras el desarrollo de las comparecencias de los representantes legales de Alonso y del Ayuntamiento.

El Tribunal de Cuentas considera responsable al ministro de Sanidad Alfonso Alonso y asu equipo de Gobierno de la adjudicación en su época de alcalde en Vitoria de un alquiler a un precio muy superior al de compra. En concreto se cerró la operación con un coste de 7,6 millones de euros para el Ayuntamiento y con una cláusula penal incorporada para que en caso de rescisión se abonen otros 6 millones de euros. El contrato ya fue declarado por una comisión de investigación desarrollada en el Ayuntamiento como el peor contrato de la historia de la ciudad por la sangría económica que supone para las arcas públicas.

El Acta de Liquidación Provisional de la Sección de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador declara junto al ministro de Sanidad, presuntos responsables contables -con "existencia de un presunto perjuicio en los fondos del Ayuntamiento"- a otros siete ediles de la Junta de Gobierno Local en febrero de 2007. Alonso y los concejales deberán de hacer frente al pago de más de medio millón de euros -entre principal e intereses- por irregularidades contables.

El Tribunal de Cuentas confirma la "existencia de un presunto perjuicio en los fondos del Ayuntamiento" por parte de la Junta de Gobierno de Vitoria que presidía Alonso.

Uno de los ediles implicados por el Tribunal de Cuentas es el actual alcalde de Vitoria-Gasteiz y sucesor de Alonso, Javier Maroto, que entonces era concejal de Hacienda. Asimismo, el Tribunal cita en su escrito de Liquidación a los concejales Encina Serrano, Miguel Ángel Echevarría, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz, Marian Castellanos, Alfredo Iturricha e Idoia Garmendia, que actuó como "Concejala Secretaria".

Los implicados están citados por el Tribunal que entregará el informe a las partes para que presenten alegaciones. Se considera que son "tres los extremos en los que se ha pactado un 'precio superior' al que correspondía". La Instrucción señala que el importe del arrendamiento de los locales durante 20 años pactado en 2007 -6,2 millones, más del doble del precio de compraventa de los mismos por parte de Antón en 2006- no puede "justificarse en modo alguno", teniendo en cuenta las recomendaciones del informe técnico del 12 de enero de 2007 y que, a tenor de los hecho, el equipo de Gobierno local ignoró completamente.

Alonso y los siete ediles acordaron con el empresario pagar un alquiler superior al recomendado por los técnicos, actualizarlo por encima del IPC y pagar los gastos de comunidad.

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