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El Tribunal Superior de Justicia archiva la causa contra los socialistas Prieto y García Hidalgo

La Fiscalía -el mismo órgano que interpusó la denuncia- pidió finlamente el sobreseimiento del proceso al considerar que las pruebas practicadas no permitáin concluir que se había cometido delito alguno.

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Denuncian a parlamentario del PSE por obras en sedes adjudicadas a su empresa

El parlamentario del PSE, Txarli Prieto, fue denunciado por obras en sedes adjudicadas a su empresa EFE

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha decretado el cierre de la causa abierta contra el ex secretario general del PSE-EE alavés, Txarli Prieto, y su 'número dos', Víctor García Hidalgo.  El juez que investiga el proceso, Antonio García, ha decidido finalmente dar carpetazo a la causa después de que  la Fiscalía pidiera el archivo del caso cuando fue precisamente este órgano quien inició hace unos meses el proceso contra los dirigentes socialistas por estafa y falsedad documental.

Prieto, exsecretario general de los socialistas de Álava y actual parlamentario en la Cámara de Vitoria, y García Hidalgo (actualmente secretario de organización del PSE alavés) habían sido acusados por la Fiscalía por irregularidades en el pago de unas obras de varias sedes del PSE Alavés. Las obras que fueron encargadas a la empresa Escoiba, una constructora vinculada al propio Prieto. El dinero había sido concedido al PSOE por el Ministerio del Interior para obras de seguridad antiterrorista en sedes de partidos políticos. En total, se investigaba el destino de unos 71.000 euros en los ejercicios 2010 y 2011, de los que unos 49.000 podrían ser irregulares.

Pero el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, en un giro inesperado solicitó el sobreseimiento de la causa al considerar que las pruebas practicadas no permiten concluir que hayan incurrido en tales conductas delictivas.

Calparsoro concluía en su escrito que las investigaciones realizadas "no han acreditado" que Prieto y García Hidalgo cometieran delito alguno para beneficiarse económicamente a través de las obras realizadas por una empresa constructora del exlíder del PSE alavés en varias sedes del partido. El Fiscal indicaba que no se ha demostrado que las facturas de 29.971 y 19.501 euros cobradas por la mencionada empresa (Escoiba) "no hayan correspondido a trabajos efectivamente realizados". A través de estas sumas, procedentes de fondos públicos destinados a reforzar la seguridad de los partidos políticos, la constructora llevó a cabo diversas obras en varias sedes del PSE de Álava. Los trabajos se realizaron entre 2010 y 2012.

El Ministerio Público, que subrayó que el PSOE ha asegurado no haber sufrido "daño patrimonial" alguno y que el Tribunal de Cuentas tampoco "ha manifestado nada al respecto", concluía que "la justificación de ese gasto durante la instrucción judicial permite excluir en esta fase los indicios de un posible delito de estafa".

Además, indicaba que, "en el ámbito penal, es suficiente con probar que las obras se hicieron, sin que tenga relevancia para el tipo penal la mayor o menor conformidad con lo proyectado o contratado, pues ello entra en el ámbito civil".

En su escrito, el representante del Ministerio Público aludía al origen anónimo de la denuncia que motivo la investigación. Si bien reconoció que la ley procesal permite abrir una investigación a raíz de una fuente de este tipo, el fiscal precisó que la jurisprudencia del Tribunal Supremo indica que es necesario "tomar con mucha cautela" estas denuncias, puesto que "permiten a quien las realiza actuar por motivaciones ilegítimas con fines espurios".

El magistrado encargado del caso, tras desaparecer la única acusación contra Prieto y García Hidalgo, la de la Fiscalía, ha decidido archivar la causa. 

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