El Tribunal de Cuentas da carpetazo a la investigación por las ayudas públicas al coche eléctrico
El Tribunal de Cuentas de España ha cerrado la investigación abierta en relación a las ayudas públicas millonarias de las que se benefició la empresa que promovió el proyecto Hiriko de coche eléctrico vasco. El órgano fiscalizador ha remitido un escueto oficio al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) en el que se le informa del carpetazo dado al expediente iniciado en relación al dinero público inyectado a la empresa Afypaida.
La empresa Afypaida, la empresa matriz de Hiriko, el fallido coche eléctrico vasco, que recibió 17,4 millones de euros en ayudas para crear el proyecto automovilístico vasco, entró en concurso de acreedores en marzo de 2015. Desde entonces existen sendas causas -mercantil y penal- abiertas en los juzgados vitorianos en relación a este proyecto.
De los 18,9 millones dilapidados en Hiriko, el 91% fueron ayudas públicas del Estado, en concreto del Ministerio de Ciencia, cuando estaba dirigido por la ministra del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Cristina Garmendia. El Ejecutivo central apoyó el proyecto de coche eléctrico vasco con una inversión millonario en un momento en el que Zapatero, acosado por la debilidad política, necesitaba los votos del PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Además, las instituciones vascas -Gobierno y diputaciones- aportaron también fondos para el proyecto: un total de 1.104.493 euros, cerca del 6% del total.
El oficio remitido por el Tribunal de Cuentas de España hace referencia al procedimiento del alcance abierto por el órgano fiscalizador estatal dentro del sector público autonómico de 2014, según han precisado fuentes conocedoras del escrito.
Se da la circunstancia de que en febrero pasado, según adelantó eldiarionorte.es, el Ministerio de Economía y Competitividad -heredero de la extinta cartera de Ciencia manejada por la entonces ministra Garmendia, reclamó que los promotores del fracasado proyecto Hiriko de coche eléctrico y el conjunto de sociedades mercantiles que lo conformaron, devolviera un total de 18,9 millones de euros por graves irregularidades en la gestión económica del consorcio empresarial creado para dar forma al sueño vasco de poner en la carretera 60.000 coches eléctricos ‘made in Basque Country’.
Dinero público dilapidado
La entonces abogada del Estado en Euskadi, Macarena Olona, ahora en otro destino, como representante legal del principal acreedor tras la quiebra del proyecto Hiriko, presentó un duro escrito de alegaciones de 192 folios en la causa mercantil que se sigue por este asunto en el que describía con todo lujo de detalles la ingeniería económica que se escondía detrás de una sociedad “instrumental” como era Afypaida, formalmente una asociación “sin ánimo de lucro”.
La letrada considera en su escrito que los promotores de Hiriko -Jesús Echave, Iñigo Antia –exconcejal del PNV-, José Luis Bengoechea, Pepe Barreira y Fernando Achaerandio- dilapidaron el dinero público obtenido por Afypaida para un proyecto de I+D.
En enero de 2016, el Tribunal de Cuentas de España, en un informe remitido entonces a la Cámara vasca, y aprobado el 22 de diciembre de 2015, constataba la falta de justificación de buena parte de las ayudas y subvenciones libradas tanto por el Gobierno vasco como por el central a los proyectos automovilísticos Epsilon e Hiriko,. Un fiasco empresarial que globalmente se ha llevado por delante más de 65 millones de euros de dinero público. Un dinero que el tribunal fiscalizador veía entonces muy complicado de recuperar, dado que ambos proyectos quebraron y entraron en concurso de acreedores.
Epsilon se ha tragado en total cerca de 48 millones de euros, mientras que en el caso del proyecto de coche eléctrico Hiriko las ayudas ascendieron a más de 17 millones de euros.
