La UE no afloja el control sobre el plan de residuos de Bildu
Las basuras y su tratamiento han marcado buen parte del mandato de EH Bildu al frente de la Diputación de Gipuzkoa. El Puerta a Puerta (PaP) y las decisiones sobre la rescisión del contrato de la incineradora de Zubieta y la posible construccion de un nuevo vertedero en Zestoa son el escenario de una batalla política en la que la coalición soberanista está sola y la oposición -PNV, PSE y PP- no da tregua. De fondo, están las instituciones europeas. La Comisión abrió en enero pasado, a raíz de una pregunta formulada por la eurodiputada peneuvista Izaskun, una investigación para conocer qué estaba pasando en relación al tratamiento y valorización de los residuos en este territorio y el cumplimiento de la exigente normativa comunitaria en esta materia.
La Comisión, en la última respuesta sobre la investigación -iniciada por el comisario Janez Potocnik y ahora en manos de su sucesor, el laborista maltés Karmenu Vella- señala que las autoridades guipuzcoanas les “anunciaron que el actual plan de gestión de residuos se revisará a finales de 2014”. “Una vez recibido el nuevo plan, la Comisión procederá a su apreciación jurídica”, se puede leer en la respuesta fechada el pasado 3 de diciembre, a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es.
A la espera de que se remita ese plan -algo que la oposición ve inviable dado que Bildu no tiene mayoría para sacarlo adelante en Juntas-, queda por resolver también en torno a este tema de las basuras el pleito formalizado por los dos bancos que financieron el proyecto de Zubieta, una infraestructura para tratar los residuos que incluía una incineradora. En el acuerdo para su financiación, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) concedía un préstamo de 195 millones. Con La Caixa y Banesto se firmó otro por 69 millones, al que hay que sumar otro más por cinco millones más para el IVA.
La rescisión del contrato para construir la incineradora ya ha costado al erario público 8,1 millones de euros -“13,2 millones de euros”, según las cuentas del PSE-EE, que incluye el pago del proyecto de la incineradora y el IVA- y el pleito con los bancos que financiaron el proyecto, puede generar un quebranto millonario a las arcas públicas guipuzcoanas. Los bancos que financiaron la inversión del plan de residuos que incluía la incineradora de Zubieta mantienen un litigio millonario con el Consorcio público (GHK) que rescindió el contrato para la construcción de esta infraestructura y que el magistrado del juzgado número 4 de Primera Instancia de San Sebastián va a resolver, de manera inminente, según fuentes conocedoras del caso.
En la pregunta formulada por Izaskun Bilbao a principios de este año explicaba que la Diputación Foral de Gipuzkoa había destinado más de 13 millones de euros para compensar a las empresas que resultaron adjudicatarias de la construcción de una planta de valorización energética de los residuos no reciclables incorporada al plan de residuos de aquel territorio, y financiada por el Banco Europeo de Inversiones.
“La decisión es parte de un «plan alternativo» de gestión de residuos que sustituye la planta de valorización por dos centros de tratamiento de residuos orgánicos, apuesta por retrasar el cierre de los vertederos actualmente abiertos y por crear depósitos permanentes de balsas de residuos no reciclables que ni siquiera tienen estudios sobre alternativas para su ubicación. Estas previsiones no responden a las necesidades actuales (tratar más de 200 000 toneladas de residuos al año, cifras correspondientes a lo depositado en vertedero en 2012) no cuentan con proyectos conocidos, plazos de ejecución, ni fórmulas de financiación y se suman a un cambio en la mecánica de recogida de los residuos sólidos urbanos impuesta contra la opinión de los usuarios. El plan alternativo tampoco ha sido aprobado por el Parlamento de Gipuzkoa, por lo que vulnera la normativa local vigente”, censuraba entonces Bilbao. Y poco ha cambiado, salvo el anuncio del vertedero de Zestoa.
“Toda la información”
Ante los requerimientos de las instituciones europeas, la Diputación de Gipuzkoa remitió “toda la información”, señalan fuentes cercanas al diputado de Medio Ambiente. Y señalan que “la actuación de la Diputación en esta materia se realiza dentro del PIGRUG aprobado por Juntas Generales”. Aunque este periódico ha solicitado la información suministrada a Europa por la institución foral, de momento no ha sido posible obtenerla. Pero en cualquier caso, la oposición en Gipuzkoa sospecha que la documentación remitida puede no responder a toda la verdad.
La pista la obtiene el PNV de la propia respuesta del comisario Bella. “De acuerdo con las comunicaciones recibidas de las autoridades competentes españolas [la propia Diputación], Gipuzkoa aplica actualmente un plan de gestion de residuos de 2008. Existen planes para crear, de aquí a 2016, una planta de tratamiento biológico y mecánico con capacidad suficiente para tratar los residuos actualmente depositados en vertederos”.
De hecho, la eurodiputada peneuvista, Izaskun Bilbao, en plena campaña europea ya dejó escrito en su blog que “Bildu organizó una rueda de prensa para anunciar la rescisión del contrato de [la incineradora de] Zubieta. Ahora le dice a la Comisión Europea que ellos no han sido, que ha sido el consorcio de residuos de Gipuzkoa. Dicen que esa es la institución competente. De las Juntas Generales, ni hablan. Le dicen a la Comisión europea que el plan que avaló y financió a través del Banco europeo de inversiones era una chapuza: una planta para quemar toda la basura del territorio”. Unas 100.000 toneladas a las que hay que dar salida.
El PNV ha vuelto a preguntar en Europa por el nuevo vertedero en Zestoa, al considerar que “nos encontramos con un almacén de basura doméstica teóricamente tratada en una planta que aun no existe. Europa dice expresamente que este tipo de residuos no son inertes. En consecuencia lo de Zestoa será un vertedero, lo último que debe hacerse para gestionar residuos”, recuerda Izaskun Bilbao, en virtud de la ultima directiva europea sobre residuos, de noviembre de 2008.
