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UPyD pide que los parlamentarios vascos hagan públicas sus nóminas y declaraciones de bienes
UPyD ha propuesto modificar el reglamento de la Cámara vasca para establecer la obligación de que las nóminas y declaraciones de bienes de los parlamentarios sean “públicas”, de forma que puedan ser consultadas por todos los ciudadanos que lo deseen.
El representante de UPyD en el Parlamento vasco, Gorka Maneiro, ha presentado este martes, en una rueda de prensa en Vitoria, una moción que incluye 22 propuestas contra la corrupción política y a favor de la transparencia.
Maneiro ha asegurado que en Euskadi “la corrupción ha existido y existe”, por lo que ha advertido de que las afirmaciones del lehendakari, Iñigo Urkullu, que el pasado viernes aseguró que el Gobierno vasco tiene “las manos limpias”, podrían “volverse en su contra”.
Además, ha denunciado que el PP, el PSOE, el PNV y otras formaciones han contribuido a la “institucionalización” de la corrupción en el Estado español, puesto que pese a que ahora piden “perdón” con “lágrimas de cocodrilo”, se han dedicado a “proteger a sus corruptos”.
Para hacer frente a esta “lacra”, ha propuesto varias medidas, muchas de las cuales ya han sido planteadas por UPyD en el Congreso de los Diputados o se han debatido en el propio Parlamento vasco.
'PUERTAS GIRATORIAS'
Maneiro ha pedido que se dote a la Fiscalía del País Vasco de los medios “necesarios” para combatir la corrupción con “eficacia. También ha propuesto que se impida el fenómeno de las 'puertas giratorias', consistente en el tránsito directo de los cargos públicos --una vez finalizado su mandato-- a puestos de alta responsabilidad en empresas privadas relacionadas con la actividad que desarrollaron en las instituciones.
Por otra parte, ha pedido que se establezca un canal de “denuncias confidenciales” para que los ciudadanos puedan dar cuenta de actividades relacionadas con la corrupción o el “enchufismo”.
Asimismo, propone “despolitizar” el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y reformar el reglamento del Parlamento para establecer la obligatoriedad de que los parlamentarios hagan “públicas” sus nóminas y declaraciones de bienes.
