Urquijo satisfecho por la anulación del reglamento de consultas ciudadanas sin pasar por el Consejo de Ministros

El delegado el Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha expresado su satisfacción por la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de estimar el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado y anular el Reglamento de Consultas Ciudadanas aprobado por el Ayuntamiento de San Sebastián en pleno el 30 de abril del pasado año, y ha advertido de que las consultas “se devalúan y pueden generar frustración” si carecen de soporte legal.

En declaraciones a Europa Press, Urquijo ha recordado que en Gipuzkoa “menudean” las consultas, no solo en lo relativo al 'Puerta a Puerta' (PaP), o el fraking, sino también en asuntos como el las corridas de toros de Illunbe, asunto sobre el que tenía previsto consultar a los ciudadanos.

Por ello, ha manifestado su satisfacción ante el hecho de que el alto Tribunal vasco haya dado la razón a la Abogacía del Estado al aceptar su recurso y anular el Reglamento de Consultas Ciudadanas aprobado del Consistorio donostiarra.

En su opinión, las consultas populares, “si carecen de soporte legal, se devalúan y pueden generar frustración”. “Lo que lamento es que, muchos Ayuntamientos, sabiendo que el procedimiento es el que es (aprobación por el Ayuntamiento y posterior ratificación por el Consejo de Ministros), y el que establece la Ley del Régimen local, no recurra a esta vía”, ha manifestado.

El delegado del Gobierno ha señalado que el procedimiento establecido por Ley es “relativamente rápido” porque prevé un plazo de “dos, tres meses, a lo sumo”, desde que el Ayuntamiento adopta el acuerdo, decide comunicarlo, “y el Consejo de Ministros lo aprueba”.

Urquijo ha aludido a los ejemplos de tres Consistorios (Eskoriatza, Astigarraga y Legazpia) que han solicitado la autorización para desarrollar la consulta respecto al PaP en Gipuzkoa y la han obtenido.

Por ello, cree que la resolución del alto Tribunal vasco sobre el reglamento de consultas ciudadanas de San Sebastián reconoce “algo obvio, que las consultas pueden realizarse”, pero, para ello, “deben contar con la aprobación del Consejo de Ministros”.

CARRERA

En su opinion, “no se entiende muy bien” por qué parece que los Ayuntamientos han emprendido “una carrera para ver cuál recaba con más frecuencia la opinión de sus vecinos, olvidando cuál es la responsabilidad de cada cuál”.

Para el delegado del Gobierno en Euskadi, “la principal responsabilidad a la hora de dirigir un Ayuntamiento es, precisamente, la de los concejales, la representación más genuina en democracia”.

Ha apuntado que los ediles “son elegidos para gobernar un Ayuntamiento”, al igual que otros cargos lo son para dirigir otras instituciones, por lo que “los representantes públicos no pueden derivar de manera habitual su responsabilidad en los ciudadanos”.

“A los cargos públicos se les elige para que adopten decisiones y gobiernen, y no puede ser que para cualquier asunto, de mayor o menor entidad, se recurra a la consulta popular y, además, sin contar con el soporte legal que le daría entidad al resultado”, ha insistido.

Por esta razón, ha llamado a “la mesura a la hora de tomar determinadas decisiones, y saber de quién es la responsabilidad en cada momento”. “Lo importante es respetar la Ley”, ha concluido.