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Veinticuatro familias han solicitado mediación del Gobierno vasco con entidades financieras para renegociar hipotecas.
Veinticuatro familias han solicitado la mediación del Gobierno vasco con entidades financieras para renegociar hipotecas en lo que va de año. El 82% de los casos resueltos por este servicio acaba con acuerdo entre las partes.
El Ejecutivo presta este servicio gratuito a través de sendos acuerdos firmados con el Colegio Vasco de Economistas, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas-AT País Vasco y el Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales del País Vasco.
Según ha informado el Departamento de Justicia y Administración Pública, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2014, el servicio de Mediación Hipotecaria del Gobierno vasco ha abierto 24 expedientes. De los 17 concluidos en este periodo, 14 han acabado con un acuerdo entre las partes, lo que supone que en un 82,3% de los casos resueltos. De esta forma, no ha sido necesaria acudir a la vía judicial.
En sólo tres de los expedientes abiertos ha sido imposible llegar a un acuerdo y, el resto, siete, se encuentran todavía pendientes de resolución. Además, el servicio atendió, durante este mismo periodo, las consultas y solicitudes de información de un total de 150 personas. Por territorios, Bizkaia es donde mayor número de expedientes se han abierto.
EVITAR LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA
El objetivo del Servicio de Mediación Hipotecaria es evitar los casos de ejecución hipotecaria y, para ello, median entre las personas que lo solicitan y las entidades financieras para renegociar la deuda pendiente. A este servicio pueden recurrir todas las personas que se encuentren en una situación de sobreendeudamiento como consecuencia de la adquisición de su vivienda siempre que cumplan ciertos requisitos.
Entre ellos, se encuentran que sea la vivienda habitual y la única en propiedad; que el préstamo hipotecario no supere los 350.000 euros, atendiendo al valor de la vivienda, con independencia de que exista o no proceso judicial en curso y siempre que se mantenga la titularidad de la propiedad; que la vivienda se encuentre ubicada en Euskadi; y que la persona afectada haya fracasado en su intento de renegociar la deuda con la entidad financiera.
