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La oposición en Vitoria y Álava exige al PNV que suspenda el contrato de Miñano investigado por corrupción

Los plenos del Ayuntamiento y de las Juntas Generales votarán propuestas para paralizar los trabajos que desarrolla Stoa para la ampliación del parque tecnológico mientras el PNV insiste en el carácter "estratégico" del proyecto

El Parlamento Vasco también abordará el 'caso De Miguel': Elkarrekin Podemos pedirá un apoyo institucional para la Fiscalía y para la Ertzaintza

Alfredo de Miguel, este lunes a su llegada al Palacio de Justicia

Alfredo de Miguel, a su llegada al Palacio de Justicia NURIA GONZÁLEZ

Los plenos del Ayuntamiento de Vitoria, a instancias del PP, y de las Juntas Generales de Álava, a instancias de EH Bildu, Podemos e IU-Equo (Irabazi), debatirán sendas mociones para exigir al PNV, más en concreto a sus representantes institucionales en el consejo de administración del parque tecnológico de Miñano, que suspenda el proceso de ampliación del polígono, que está siendo gestionado a través de la empresa Stoa. Su administrador, Sergio Fernández Oleaga, es uno de los imputados del 'caso De Miguel' precisamente porque este contrato fue presuntamente manipulado para beneficiar a su empresa. Según la Fiscalía, Fernández Oleaga abonó una comisión de unos 3.500 euros al que fuera 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel, a quien el empresario consideraba su "padrino".

Mientras se ha venido celebrando el juicio del 'caso De Miguel', originado precisamente por otra contratación en Miñano en la cual De Miguel y su compañero en la dirección del PNV Aitor Tellería habrían reclamado una comisión de 100.000 euros, según denunció la empresaria Ainhoa Alberdi, el parque tecnológico ha reactivado su ampliación a través de su contrato con Stoa. Las instituciones -Miñano es una sociedad pública en la que participan el Gobierno vasco, la Diputación alavesa y el Ayuntamiento de Vitoria- puntualizaron que no se había vuelto a contratar al ahora investigado Fernández Oleaga, sino que se trataba de una encomienda antigua.

Concretamente, el contrato por el cual Fernández Oleaga trabaja para Miñano se tramitó mediante concurso público entre finales de 2008 y principios de 2009. Según los informes de la Ertzaintza en el 'caso De Miguel', el expediente fue manipulado para beneficiar a Stoa, una empresa propuesta por De Miguel, según la denuncia de Alberdi. Una empresa, Lugarfive, manifestó su voluntad de recurrir la adjudicación y existen pruebas de que, en apenas 25 minutos, se modificaron a la baja las puntuaciones asignadas a esta compañía para que no cupieran dudas de la victoria de Stoa en el concurso. Están acusados también el gerente de entonces, el 'jeltzale' Alfonso Arriola, y la directora técnica, Miren Lourdes Bilbao, que continúa actualmente en el cargo.

PNV: "Necesitamos ese suelo"

Casi una década después y después de todos los datos aparecidos en la investigación, Fernández Oleaga ha reaparecido como asesor de Miñano y su representante ante el Ayuntamiento de Vitoria, que tiene que autorizar los cambios urbanísticos necesarios para ampliar el parque tecnológico. La oposición al PNV en Álava (PP, EH Bildu, Podemos e IU-Equo) ha coincidido en criticar esta situación, tanto porque consideran "innecesaria" la expansión de un polígono con una ocupación de apenas el 40% como, sobre todo, porque el contrato está "salpicado" por la corrupción.

El próximo viernes, en el pleno municipal de Vitoria, el PP someterá a votación una moción que reclama a la representación del Ayuntamiento en Miñano a que "reclame" la "suspensión" de esta ampliación. El documento recoge que está "sustentada en un contrato adjudicado presuntamente de manera irregular".

Si el edil 'popular' Miguel Garnica ha presentado esta moción en rueda de prensa, minutos antes representantes de EH Bildu, Podemos e IU-Equo han registrado un texto similar para su debate en las Juntas Generales alavesas. Estas formaciones han planteado igualmente la paralización de todas las actuaciones en las que participe Stoa "en tanto en cuanto no se esclarezcan las presuntas irregularidades". "No todo vale, es inaceptable la defensa de este contrato", han denunciado Kike Fernández de Pinedo, Arantxa Abecia y Esther Palacios.

Ramiro González defiende a "todas las víctimas" y denuncia que se puedan "dar por buenas" ciertas formas de terrorismo

Ramiro González (PNV)

Para que estas propuestas prosperen, las formaciones de izquierda deberían sumarse al PP en Vitoria y, al revés, los 'populares' votar con ellas en el Parlamento foral. De darse esa situación, el PNV y su socio de Gobierno, el PSE-EE, quedarían en minoría en ambas instituciones.

Desde el PNV, que ya defendió la "legalidad" de esa contratación a Stoa hace unas semanas, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha pedido "separar" el debate sobre el contrato bajo sospecha de la necesidad "estratégica" para el territorio de ampliar Miñano. Sus cifras sobre ocupación contradicen a las de la oposición y ha añadido que el PP tuvo representación en el consejo del parque cuando gobernó Álava y Vitoria (2011-2015) sin que adoptara medidas sobre este contrato a Stoa. Asimismo, ha lamentado que la oposición de izquierdas sea crítica con cualquier proyecto empresarial y avance económico. "Necesitamos disponer de ese suelo", ha zanjado el dirigente peneuvista.

Debate también en el Parlamento

Se da la circunstancia de que el parque tecnológico de Miñano es una sociedad pública de capital mayoritariamente autonómico, con un 64% de participación del Gobierno vasco. Hasta el momento, no se ha planteado una moción semejante en el Parlamento Vasco. Sin embargo, en el primer pleno ordinario del nuevo curso la coalición Elkarrekin Podemos sí ha registrado una iniciativa sobre el 'caso De Miguel' en la que reclama un apoyo expreso a la Fiscalía y a la Ertzaintza por su labor investigadora en este caso. 

También se plantea que el Gobierno, como parte personada en el juicio del 'caso De Miguel', sea exigente y pida las penas "máximas" en lo tocante a la parte del caso que le afecta, las contrataciones aparentemente irregulares salidas de la Dirección de Juventud cuando era dirigida por el nacionalista Xabier Sánchez Robles y que beneficiaron a tres empresas de la órbita de De Miguel, Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga. El PNV, de la mano de sus socios socialistas, ha registrado un texto alternativo mucho más genérico en el que apela a respetar los "tiempos" de la Justicia y la separación de poderes pero sin hacer ningún guiño al trabajo de la Ertzaintza y del ministerio fiscal. 

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