Vitoria da luz verde a dos adjudicaciones por valor de 150.000 euros a la empresa de un condenado por corrupción en el 'caso De Miguel'

El consejo de administración de la sociedad municipal de Aguas de Vitoria (conocida por las siglas Amvisa) ha dado luz verde este jueves -no sin polémica política- a dos adjudicaciones a la empresa Stoa, cuyo administrador, Sergio Fernández Oleaga, es uno de los 13 condenados por corrupción en el marco del 'caso De Miguel', que afecta a exdirigentes del PNV de Álava-. Los dos contratos, como había adelantado este periódico, suman 152.714,10 euros (IVA incluido).

El primero de ellos, en discusión desde enero, está cuantificado en 81.675 euros y está destinado a labores de “Consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto y para la dirección de la obra de reparación y mejora de la EDAR [depuradora] de Crispijana”. Había dos empresas en liza, LKS y la propia Stoa. La de LKS era la mejor oferta técnica pero la compañía de Fernández Oleaga lograba más puntuación con una bajada importante del precio inicial de la licitación. De hecho, ha tenido que justificar con un informe que ello no condicionará la ejecución de los trabajos.

El Gobierno municipal de PNV y PSE-EE -los socialistas dirigen Amvisa- han argumentado que la sentencia del 'caso De Miguel', en la que se constata que se manipularon adjudicaciones en favor de Stoa y que Fernández Oleaga abonó una mordida por una de ellas a De Miguel, a quien consideraba su “padrino”, no es “firme”, por lo que no se puede impedir la participación de Stoa en concursos. Después de que el Tribunal Supremo revise el recurso del empresario, en todo caso, no se podrían rescindir los expedientes vivos, que en el caso del Ayuntamiento son numerosos, incluida la gran obra hidráulica centro de la capital vasca. Sin embargo, el parque tecnológico de Miñano sí rescindió un contrato, aunque aquel estaba directamente relacionado con la sentencia judicial y es el que motivó el pago de comisiones ilegales.

El consejo de Amvisa tiene diez miembros, cinco del Gobierno local (3 del PNV y dos del PSE-EE, el partido que ostenta la presidencia con la edil Marian Gutiérrez desde fechas muy recientes) y cinco de la oposición (2 de EH Bildu, 2 del PP y 1 de Elkarrekin Podemos). Los representantes del PP han pedido retrasar la decisión sobre estos contratos hasta que se pronuncie el Supremo, extremo que no ha sido aceptado por la presidencia aunque también era visto con buenos ojos por los otros partidos de la oposición. Así las cosas, los dos consejeros 'populares' han abandonado la sesión y no han participado en la votación.

EH Bildu y Elkarrekin Podemos sí se han quedado y se han opuesto, en el caso de la coalición abertzale al considerar que el informe que justifica la baja temeraria no es suficiente. “En opinión de EH Bildu, la justificación aportada por Stoa no permite concluir que la oferta cumpla las condiciones descritas en el pliego, ni que los medios propuestos sean suficientes para hacer frente al encargo. Además, permitir a la empresa la adjudicación aportando menos medios de los fijados en el pliego quiebra el principio de concursar en base a las mismas condiciones objetivas”, argumentan. El resultado ha sido 5 a 3 y, sin el PP, ha prosperado.

En cuanto al otro contrato, está cuantificado en 71.039,10 euros. El objeto es “Servicio de asistencia técnica, vigilancia, control, supervisión y servicio de prevención de riesgos del contrato de saneamiento y depuración de Vitoria-Gasteiz, del contrato de mantenimiento de las estaciones de bombeo de Vitoria-Gasteiz y contrato de obras menores en la red de alcantarillado y depuración de Vitoria-Gasteiz” [sic]. Esta empresa ha sido la única que ha presentado una oferta.

Elkarrekin Podemos ha votado que no y los vocales de EH Bildu la han apoyado “por imperativo legal” porque “jurídicamente no se podía bloquear” al no haber defectos de forma en el proceso. “No es posible bloquear esta adjudicación sin que los consejeros de la entidad puedan incurrir en responsabilidades patrimoniales o de otra índole, y, además, no supone ninguna garantía de que la contratación no se termine produciendo”, ha indicado la coalición en un comunicado. En todo caso, con el ánimo de que esta situación no se repita en el futuro, EH Bildu ha instado a que Stoa pase a engrosar los registros de empresas con prohibición de contratar en cuando la sentencia sea firme y siempre que se mantenga el sentido del fallo de la primera instancia, la Audiencia Provincial de Álava.