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Vuelve el 'insistencialismo' de Jonan Fernández

Aitor Guenaga

Si hay alguien en Euskadi que tiende a ver la botella casi siempre medio llena, esa persona es Jonan Fernández. Aunque no es la única. El actual responsable de la Secretaría General de Paz y Convivencia, órgano que depende directamente del lehendakari Urkullu, ha forjado tras su paso por Elkarri y Baketik (sin querer olvidar su pasado en Herri Batasuna) una forma de hacer las cosas basadas en una filosofía propia: el 'insistencialismo'. Jonan Fernández nunca da nada por perdido y en un momento como el actual, en el que la organización terrorista ETA ha decidido medio echar la persiana aunque no termina de dar el paso definitivo de la disolución, va a dar la batalla definitiva en materia de normalización y de convivencia.

De alguna manera Jonan Fernández forma parte de esa generación de vascos que ha visto la terrorífica factura que ha dejado ETA y su familia política, la izquierda abertzale, tras decidir quedarse, a la muerte del dictador, fuera de los consensos básicos éticos y políticos que han hecho de Euskadi una comunidad política avanzada. “Ha llegado el momento de no cometer el mismo error, de que las familias políticas del PP y de la izquierda abertzale se sumen porque si no corremos el riesgo de una fractura dentro de diez años que no somos capaces de calibrar en estos momentos”, se advierte desde el equipo que dirige Fernández, un grupo en el que también está un hombre clave en la relación con las víctimas, Txema Urquijo. Alguien que ha sobrevivido a dos lehendakaris -Ibarretxe y López- y que ha conseguido labrarse cierto respeto en el proceloso mundo de las víctimas del terror.

La presentación del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 esta semana evidencia que el Ejecutivo tiene como objetivo básico evitar ese descuelgue. Y a tenor de las primeras reacciones, tanto de EH Bildu, Sortu, como del Partido Popular, no va a ser tarea fácil. El “insistencialismo” de Jonan Fernández puede toparse esta vez con una realidad muy tozuda. De hecho, si se analiza el comienzo de esta legislatura en materia de paz y convivencia nadie puede soslayar que los consensos básicos en esta tema han quedado reducidos a dos partidos: PNV y PSE-EE. Y a dos asuntos: mantener el consenso básico ético de la pasada legislatura en la ponencia parlamentaria y el Instituto de la Memoria. El PP mantiene su negativa a participar en la ponencia de Paz y Convivencia y EH Bildu se ha negado a suscribir el suelo ético, algo indispensable para que nadie se haga trampas en el solitario en este país. Si ETA tiene aún pendiente el desarme y la entrega de las armas, el mundo político que le jaleó y dio cobertura durante décadas se muestra más que reticente a reconocer el daño causado, a deslegitimar la violencia como instrumento para lograr réditos políticos y a admitir que el apoyo a liquidar al contrario político fue un error mayúsculo inaceptable en democracia.

Es en este contexto político -y no en otro más cercano a laboratorios propios de expertos en resolución de conflictos- en donde Jonan Fernández pretende forjar “microacuerdos” -como se denominan en el plan- con las cuatro tradiciones políticas de este país. El próximo martes comparecerá en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara vasca para explicar el plan a los grupos parlamentarios. Y podrá escuchar de boca del parlamentario del PP Carmelo Barrio un discurso menos contemporizador con el documento que el que dejó entrever el PP en una primera valoración en la que anunciaron su disposición a discutirlo y enmendarlo porque tiene “muchas cosas que corregir”.

Los populares creen en su fuero interno que el plan está escorado hacia el “mundo batasuno”. “Se ha dado un giro para tratar de facilitar una pista de aterrizaje a la izquierda abertzale. Todas las novedades que ha incluido el PNV abrazan el argumentario clásico de Batasuna”, subrayan en el PP. Entre ellas citan la investigación de las torturas, que parece pretender una “deslegitimación del trabajo de la justicia”, y los planteamientos “inaceptables” en relación con la Ertzaintza, como si fuera una policía pendiente del último hervor en su compromiso con los derechos humanos. Y tiene “olvidos graves”, como los más de 300 crímenes de ETA pendientes de resolver en la Audiencia Nacional, recuerdan en el partido de Arantza Quiroga. Sortu y EH Bildu tampoco han ocultado su decepción ante el documento. Pernando Barrena, el mismo portavoz que ya avisó hace meses de que la izquierda abertzale no iba a “abjurar de su pasado”, ha apuntado el error de salida del plan: “evita abordar el origen político del conflicto”. La izquierda abertzale avisa de que va a ser “muy difícil en la práctica que sea viable llegar a acuerdos por muy micro que sean”, ya que “se parte de la falsa premisa de identificar el final de la actividad armada de ETA con el fin de la violencia” y el ejercicio de diálogo para la resolución del conflicto “no puede darse desde la criminalización de una de las partes y la victimización artificial de la otra”. “Eso es falso, indigerible y a todas luces inviable”, dice Barrena.

Pero a buen seguro que Jonan encajará las críticas, agradecerá las “aportaciones constructivas” al documento y mantendrá la velocidad de crucero de un plan que el Gobierno aprobará en octubre pase lo que pase.

“El plan tiene tantas dosis de ambición como de voluntarismo. Contiene reflexiones interesantes, pero se adentra en materias que atañen a terceros, como el plan propio de reitegración de los presos, algo en lo que el Gobierno vasco no tiene competencias”, admite una persona cercana a la cocina de la nueva política de convivencia del gabinete Urkullu. Con esa iniciativa Urkullu parece haber pasado a la acción en materia penitenciaria tras no obtener respuesta de Mariano Rajoy a sus planes sobre los presos de ETA y el final de la violencia.

Mientras tanto, entre las bambalinas de todo este proceso, hay dos aspectos clave que deberán dilucidarse a lo largo de los próximos meses. Uno relacionado con la sentencia sobre la doctrina Parot que debe emitir la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y otro, con el desarme de ETA. En el caso de que se falle contra España, el primero puede agitar el mundo de las víctimas con la excarcelación de hasta 66 presos etarras que están pendientes de la decisión de Estrasburgo. Una resolución desfavorable para España supondría la salida de prisión para los que tengan cumplida la condena sin la polémica doctrina o ver reducida de forma drástica su estancia en la cárcel (entre ocho y doce años).

La segunda incógnita es el avance hacia la entrega de armas y el desarme definitivo por parte de ETA. Fuentes conocedoras de ese proceso admiten que en este campo “probablemente antes de final de año haya novedades, pero no tan rápido ni todo lo definitivo que nos gustaría”.

Jonan Fernández deberá emplearse a fondo para llegar a un relato en el que todo el mundo se pueda sentir cómodo. El camino para encontrar una verdad en la que se puedan verse representadas las cuatro grandes familias políticas vascas tendrá más vericuetos de los que el “insistencialismo” -por sí solo- puede a día de hoy gestionar e imaginar.

Fue el poeta Antonio Machado el que escribió aquello de:

¿Tú verdad? no, la Verdad,

y ven conmigo a buscarla.

La tuya, guárdatela.

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