El acercamiento de dos presos de ETA a Euskadi dispara las hostilidades del PP, pero las víctimas dicen que es legal

El acercamiento de los presos de ETA Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo desde el centro penitenciario de Villabona (Asturias) al de Basauri (Bizkaia) ha disparado las hostilidades de los principales partidos de la oposición contra el Gobierno. Ambos reclusos, arrepentidos y desvinculados del colectivo de presos de la banda son pareja, se encontraban en tercer grado penitenciario y habían pedido perdón a las víctimas. Los dos cumplirán en la cárcel de Basauri la última parte de su condena en régimen de semilibertad, de forma que acudirán a prisión para dormir.

Se trata de la primera medida de acercamiento adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez en su nueva política penitenciaria. Jesús Loza, delegado del Gobierno en Euskadi, ha recalcado que este“acercamiento” es “un primer gesto” del Ejecutivo en esta materia. “Sirve de muestra al resto del colectivo para enseñarles cuál es el camino para su reinserción, que es el que más o menos han seguido estos dos presos”. Ese camino hacia la reinserción pasa por desvincularse de su vida anterior, hacer autocrítica, reconocer el daño causado y, además, reparar a las víctimas.Sin embargo, las explicaciones de Loza no han convencido al PP ni a Ciudadanos.

El presidente del PP, Pablo Casado, ya advirtió hace unos días que su partido no iba a tolerar el acercamiento. Y en esta línea, la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha acusado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de “poner en la agenda a los presos de ETA para hacer un favor a un PNV supeditado a Bildu”. “Nos dicen que se cumplen todos los requisitos legales que hemos venido exigiendo. No nos fiamos porque es un Gobierno que negocia la legalidad como lo ha hecho con la ley de abusos policiales. Exigimos luz y taquígrafos”, ha apuntado.

En este sentido, ha indicado que los populares vascos siempre han exigido “que el fin de la dispersión sólo pueda realizarse de manera individualizada y sólo si los presos cumplen el repudio a ETA, la desvinculación de la banda y evidentes pasos hacia la reinserción y hacia la colaboración en el esclarecimiento de asesinatos”.

Mientras, Ciudadanos ha cargado contra el Gobierno porque considera que el acercamiento se debe a “las hipotecas” que adquirió el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el PNV y EH Bildu a cambio de sus apoyos en la moción de censura para derrocar al expresidente Mariano Rajoy.

“Nos parece un pago de Sánchez”, ha afirmado el secretario general del grupo parlamentario de Cs en el Congreso, Miguel Gutiérrez, en declaraciones a Europa Press. Según el diputado naranja, el Gobierno socialista ha roto “de forma unilateral el consenso” en torno a la dispersión de los presos de la banda terrorista ETA.

Según Ciudadanos, no se reúnen las condiciones para el traslado de estos dos presos al País Vasco porque la petición de perdón no puede hacerse “con una carta tipo”, sino que debe ser “sincera” e ir acompañada de una colaboración para esclarecer los 379 asesinatos de la banda aún sin resolver. “Mientras no se dé esa colaboración, no hay más motivo para el traslado que el peaje”, ha sentenciado Gutiérrez.

En este sentido, Carlos Iturgaiz, eurodiputado del PP y uno de los objetivos de los dos presos acercados cuando integraban un comando de ETA, ha corroborado que a él nadie le ha pedido perdón. “Le he explicado al ministro de Interior que ninguno de estos presos se ha puesto en contacto conmigo para pedirme perdón, ni por teléfono, carta o e-mail”.

“Acercamiento absolutamente legal”

Frente a estas críticas, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha afirmado que el traslado de los dos presos ha sido “absolutamente legal” y ha recordado que ya se autorizó con la Administración del PP.

Tras considerar que los populares pretenden hacer “oposición” con esta cuestión, ha apuntado que éstos “tenían ya pactado con el PNV los acercamientos, sin condición ninguna, y la transferencia de prisiones”. Además, ha asegurado que su colectivo no se niega a que se acerque a los reclusos, pero ha reclamado a Pedro Sánchez que establezca a los reclusos como requisito que “renieguen” de ETA.

En declaraciones a Europa Press, Ordóñez ha señalado que los dos presos acercados “han cumplido toda la legalidad: se han arrepentido, han pedido perdón, han asumido las responsabilidades civiles y se han comprometido a colaborar con la Justicia”. En parecidos términos se expresó la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), organización para la que el traslado de los dos reclusos se ajusta a la legalidad.