Los acuerdos con el Gobierno de Rajoy han evitado nueve recursos ante el Constitucional

El lehendakari, Íñigo Urkullu, y el presidente español, Mariano Rajoy, no se han entendido en esta legislatura. El mandatario vasco recuerda siempre que tiene ocasión que aun sigue a la espera de la respuesta prometida por Rajoy a su batería de propuestas presentada en la reunión celebrada el 15 de septiembre de 2014 en La Moncloa. En unas pocas semanas se cumplirá un año de ese encuentro, el quinto y último celebrado a lo largo de toda la legislatura. Diciembre era el mes en el que, según Urkullu, el mandatario español situó la posible respuesta a sus reclamaciones, remitidas por escrito el 28 de julio del pasado año.

“Tras cinco reuniones, la última el 15 de septiembre con compromiso de respuesta para el 31 de diciembre, no ha habido más que silencio”, ha recordado en varias ocasiones desde entonces Urkullu. Y uno de los desencuentros más evidentes ha sido la posibilidad de acordar una “política de Estado” para un final ordenado de ETA, como el propio Urkullu ha exigido a Rajoy incluso en público.

Pero esta relación cortocircuitada no ha impedido que en algunas materias donde la “política de recentralización” del Gobierno popular se ha encontrado con la tajante oposición de las autoridades vascas ambas administraciones hayan podido llegar a acuerdos y evitar verse las caras en el Constitucional. De hecho, la comisión bilateral de negociación, el órgano en el que ambas administraciones se dan un plazo de seis meses antes de presentar formalmente los recursos ante el Tribunal Constitucional, ha sido fructífera en acuerdos. En su seno se han cerrado pactos en torno a nueve leyes que han evitado otros tantos recursos ante el Alto Tribunal.

Las materias en las que ha habido acuerdos son:

El último pacto se publicó el pasado 9 de julio en los boletines oficiales vasco y español y se refería precisamente a la obligación de publicación de las comunicaciones oficiales edictales de las administraciones autonómicas en el BOE para que fueran válidas a efectos de notificación. Tras la negociación, el Ejecutivo del PP admitió que dichas notificaciones se publiquen con plena validez en el BOPV y que se recojan en el BOE a través de un enlace digital. Además, el acuerdo es importante porque respeta la cooficialidad del euskera, de manera que el BOE publicará los textos que se remitan desde Euskadi también en euskera, opción antes no contemplada, destacaban desde Euskadi.

En otras tres materias, ambos Ejecutivos también han llegado a acuerdos parciales, lo que no ha impedido el recurso ante el Constitucional en el resto de apartados en los que no ha habido posibilidad de encuentro. En ese grupo de recursos está la protestada Lomce, pero también algunas de las medidas de racionalización en el gasto público educativo y las medidas sobre la sostenibilidad del sistema de Salud.

Pero, frente a esos nueve acuerdos, el Ejecutivo vasco ha interpuesto 10 recursos de inconstitucionalidad y 3 conflictos positivos de competencias. Junto a los ya enumerados como el la Lomce, el Gobierno ha recurrido materias relacionadas con la retirada de la paga extra, la liberalización total de los horarios comerciales y las ayudas para las personas jóvenes que ni estudian ni trabajan, las Líneas de ferrocarriles declaradas de interés general o el copago sanitario.

Y ha anunciado también un recurso contra la ley del Tercer Sector y el Voluntariado también por “invasión de competencias”.

Urkulu hace bastante tiempo que ha dado por agotada una legislatura que para el PNV y el Ejecutivo vasco ha sido la de la “recentralización”.