Los afectados por la Ley de Arrendamientos Urbanos exigen una nueva moratoria de 10 años
Euskaldendak y la UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Euskadi) han presentado en Bilbao la plataforma conjunta “No al cerrojazo. Afectados de la LAU”, a través de la cual recriminan el cambio legislativo que supone la supresión de la prórroga en los contratos de los locales comerciales arrendados, bajo el auspicio de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 por un plazo de 20 años. Con la nueva ley, que entraría en vigor el próximo 1 de enero, se rompen los contratos existentes en relación a las llamadas rentas antiguas para dar paso a una libre negociación con respecto a los precios de alquiler de los locales. Es por ello que desde la plataforma exigen una “nueva moratoria de 10 años junto al incremento de un 30% de la renta pactada”, según ha declarado el secretario general de UPTA, Koldo Méndez, puesto que la nueva ley tiene unos efectos “devastadores” para estos comerciantes.
Entre sus consecuencias, se estima el cierre de 200.000 empresas en España con al menos 30 años de antigüedad. En el conjunto de Euskadi, 12.750 empresas se verían afectadas por el cambio legislativo, entre ellas, 9000 negocios en Bizkaia. Según Méndez, el efecto que la supresión de la prórroga produce tanto en el empleo directo como en trabajadores asalariados es “demoledor”. “Mucha de esta gente se encuentra en una situación por encima de los 50 años de edad y, sabiendo las condiciones de cese de negocio y actividad de los autónomos, la inmensa mayoría tiene un paro muy pequeño. Se producirían situaciones verdaderamente dramáticas”, recriminaba el secretario general de UPTA. A su vez, ha recalcado que frente a lo que se piensa “renta antigua no es sinónimo de renta barata o baja, para nada”, decía. “La renta antigua hace referencia a una serie de derechos desde el punto de vista mercantil, pero eso no quiere decir que sea un renta baja”, ha señalado.
En este sentido, existen 3 grupos de comerciantes afectados: los que tienen una lonja alquilada y tienen que negociar con el propietario; un segundo grupo que está en manos de los llamados “fondos buitres”, esto es, “comerciantes que han pedido un préstamo en el que han puesto como aval su lonja que tenían alquilada y que eso va a hacer muy difícil poder establecer una negociación”; y un último conjunto formado por “familias de toda la vida que han tenido los locales comerciales de los centros urbanos y que son proclives a negociar y habrá que establecer también acuerdos”, han explicado en la comparecencia sobre la situación de más de 300.000 personas en todo el Estado que se verían avocadas a la pérdida de su puesto de trabajo.
Buscan un “punto de apoyo” en el Gobierno vasco y las Diputaciones
Ante el probable cese de estos negocios, la plataforma de afectados por la LAU exige soluciones para “la configuración de una línea de crédito que permita ayudar a los autónomos a abordar esta situación”, ha dicho José Feijoo, vicepresidente de Bizkaidendak. Para ello, buscan un “punto de apoyo” tanto en el Gobierno vasco como en las Diputaciones con los que se han comprometido a establecer negociaciones “para que la situación se resuelva de forma favorable con esta moratoria de diez años”, han manifestado. “Queremos trasladarles esto, a pesar de que no tienen competencia directa en ello, pero sí pueden tomar acuerdos”, ha dicho Méndez sobre las intenciones de la plataforma que también prepara una serie de comparencencias con el conjunto de comerciantes a nivel estatal. “Estamos convencidos de que si hay dinero para pagar el rescate de los bancos, tiene que haber dinero para que 200.000 autónomos no cierren sus negocios”, ha indicado.
A pesar de que cuentan con un margen de maniobra de apenas 3 meses, la plataforma de afectados de la LAU confía en la “fuerza y determinación” de los autónomos para parar esta ley. Por ello llaman a “generar un cuadro de unidad entre todas las organizaciones para ejercer la presión adecuada contra la nueva ley”, señalaban en rueda de prensa. Se trata de un porcentaje pequeño de comercio en Euskadi, pero “importante” en cuanto a su tipología. “Son comercios que llevan como mínimo 30 años en el sector, que forman parte de la historia de las ciudades y son parte de ellas, por eso tienen importancia porque representan esos espacios”, ha dicho Feijoo sobre estos comercios regentados habitualmente por familias que están concentrados en los cascos antiguos.
“La anulación de la ley no solo afecta a las rentas, sino al contenido de los contratos. Y los comercios, día a día, nos estamos viendo más ahogados”, comunicaba Feijoo. “Modificadas las condiciones del contrato, los derechos que tenías los pierdes. Y entramos en el libre mercado. Es de suponer que si no se puede hacer frente a las nuevas rentas, los desahucios se van a incrementar”, concluía Méndez.
