Los afectados por las subordinadas presionan al fiscal con 5.000 firmas para que investigue
La asociación Bizkaiko Minduak, constituida por afectados por las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor Electrodomésticos lleva unos meses recabando firmas para presionar al fiscal superior, Juan Calparsoro, para que investigue todo lo que ha rodeado la comercialización de estos productos financieros por parte de bancos y cajas. En un par de meses, los miembros de la asociación llevan recogidas más de 5.000 firmas, la mayoría a pie de calle en las concentraciones que todos los miércoles celebran en la plaza circular de Bilbao.
La fecha que se han puesto para finalizar la recogida es el próximo 28 de enero. Las firmas apoyan un manifiesto titulado Por la investigación judicial de la comercialización de las Aportaciones Subordinadas de Fagor y Eroski. “Jamás deberían haberse destinado estos ‘productos complejos’ a personas sin un perfil inversionista y el hecho de que esto haya ocurrido constituye un engaño grave y premeditado al colectivo más vulnerable y con menos conocimientos en materia inversora”, se puede leer en el manifiesto.
En el mismo texto, solicitan al fiscal “la inmediata apertura de diligencias penales que investigue la existencia de posibles delitos de estafa y publicidad engañosa, aclare lo realmente sucedido y, en su día, siente en el banquillo de los acusados a cuantas personas hayan intervenido, de una u otra forma, en el mayor engaño y estafa que se ha cometido en Euskadi en los últimos años”.
“Hasta el momento”, señala José Antonio Urrutia, secretario de Bizkaiko Minduak, “la Fiscalía ha venido permaneciendo de brazos cruzados”. El 27 de febrero de 2013, Calparsoro compareció en el Parlamento vasco a petición de los grupos para aportar su visión sobre lo ocurrido. En aquella sesión, aseguró que al fiscal le corresponde un papel relevante en los procesos donde se reclamen o diriman los derechos e intereses de consumidores y usuarios de bienes y servicios siempre que se trate demandas colectivas.
Y añadió que en la comercialización de las aportaciones subordinadas hay que determinar si el ahorrador fue debidamente informado por el responsable del banco sobre las condiciones del producto. “Aplicando la legislación de consumo y la jurisprudencia europea, en el caso de apreciarse una práctica abusiva, podría dar lugar a la declaración de nulidad de los contratos con devolución de la cantidad depositada”, señaló.
