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Los agujeros del protocolo contra los desahucios

Paralizan el desahucio de una familia de Vitoria en situación de "vulnerabilidad" y con menores a su cargo

Eduardo Azumendi

En el último momento. Así se ha salvado una familia vitoriana integrada por padre, madre y cuatro hijos, tres de ellos menores, de sufrir el desalojo de la casa en la que viven de alquiler. Solo un recurso ante el juzgado por parte de la asociación Kaleratzeak Stop Araba ha impedido el desalojo. El servicio de ejecución del Juzgado de Vitoria, encargado de los desahucios en la ciudad, ha paralizado el desalojo tan solo un día antes de la fecha establecida al constatar que la medida afectaría a los tres menores que residen en el inmueble. Desde hace unos años existe un convenio de colaboración contra los desahucios suscrito por la Asociación de Municipios Vascos-Eudel, Gobierno vasco y Consejo General del Poder Judicial cuya misión es, precisamente, evitar que los desalojos se produzcan y si no es posible al menos facilitar una salida a la familia con bastante antelación al lanzamiento.

Sin embargo, en esta ocasión no ha sido así. Arturo Val, portavoz de Kaleratzeak Stop Araba, lo tiene claro: “el protocolo no está funcionando. Los juzgados ponen primero la fecha del desahucio y después activan el protocolo, Ninguna institución detecta a tiempo si hay menores que pueden sufrir las consecuencias”. En su opinión, la decisión judicial le da la razón a este colectivo tras el recurso que presentó contra el desahucio y en el que se aludía explícitamente al protocolo en aquellos casos con personas vulnerables afectadas, como son los tres menores de esta familia.

“El protocolo obliga a derivar el caso a los servicios sociales correspondientes, pero además se ha apelado tanto al dictamen de la ONU para no desahuciar sin que exista una alternativa habitacional como a la sentencia de diciembre del Tribunal Supremo que prohíbe que haya desalojos forzosos sin que el juez tenga en cuenta los intereses de todas las personas involucradas”.

El Convenio establece un protocolo de actuación, tanto en los procedimientos de ejecución hipotecaria, como en los procedimientos de desahucio por falta de pago de la renta, en ambos casos de vivienda habitual. La singularidad consiste en activar una alerta temprana para atender las situaciones de especial vulnerabilidad en los procedimientos que pueden desembocar en un desahucio derivado del impago del alquiler o del préstamo hipotecario.

Servicios sociales

“Una vez que nosotros presentamos el escrito ellos no tienen más remedio que suspender el deshucio, que es lo que han hecho, y dar traslado a los servicios sociales para que tomen las medidas oportunas y garanticen una alternativa habitacional”, ha apuntado el activista a la agencia Efe.

De momento, la familia podrá seguir en el piso hasta que encuentre otra vivienda, ya que Vitalquiler, la gestora del inmueble, no renovará el contrato al vencer el programa de ayudas de 10 años sin opción a prórroga.

El concejal de Políticas Sociales, Peio López de Munain, ya ha anunciado que el Ayuntamiento de Vitoria realojará a la familia en un apartamento privado cuando se consume el desahucio. Una vez que los servicios sociales han hecho un informe sobre la situación de vulnerabilidad que sufre esta familia las instituciones tienen que ofrecer ubna solución.

Mientras no exista alternativa, la familia puede seguir residiendo en el inmueble.

 

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