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El PNV advierte de que la ordenanza de los locutorios de Maroto vulnera la ley

El grupo nacionalista del Ayuntamiento de Vitoria considera que la normativa del PP contraviene la ley 17/2009, que evita la introducción de restriccciones en favor del libre comercio y prohíbe tratos discriminatrorios.

Los jeltzales creen que la distancia de separación exigida entre los establecimientos, de 600 metros, es "desproporcionada y discriminatoria" frente a otras como la dispuesta para discotecas de 200 metros.

"Es un proyecto planteado contra una actividad y un colectivo concretos y no para garantizar derechos", afirman los nacionalistas, que presentarán enmiendas al texto.

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El PNV, socio presupuestario del PP, ha advertido de que el proyecto de ordenanza municipal para locutorios diseñado por el Gobierno del popular Javier Maroto,  tal y como está redactado contraviene la ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades y servicios. El reglamento citado por los nacionalistas es un texto basado en directivas europeas que, especialmente en sus artículos 1 y 11, garantiza la libertad de establecimiento y evita la introducción de restricciones al funcionamiento del mercado de servicios así como  prohíbe lostratos discriminatorios. “Además de introducir una polémica peligrosa en una cuestión muy sensible, al vincular el fraude a la inmigración, el alcalde no tiene problema en presentar un texto que choca directamente con la ley en aspectos concretos", asegura Blanca Guinea, la portavoz nacionalista, que enumeraba los  puntos de la norma que considera incorrectos en su comparencia en rueda de prensa. 

El primero de ellos al que se ha referido han sido los 600 metros de separación exigidos entre estos establecimientos. Blanca Guinea consideran esta medida "desproporcionada y discriminatoria porque establece esos metros para este negocio en particular justificando que es para evitar ruidos y a las discotecas se les pide una separación de 200 metros".  La edil nacionalista también ha citado la condición de disponer de fachadas acristaladas que ocupen al menos un tercio de la misma, un requisito que no se exige a otros locales en lo que también hay concurrencia. Los nacionalistas sostiene que el PP quiere prohibir actividades compatibles con la de locutorio sin ningúnfundamento. "Claro que no deben ponerse a servir comidas pero no por ello se deben prohíbir otro tipo de actividades siempre que éstas sean adicionales o complementarias", explica Guinea.  Desde el Partido Nacionalista Vasco estamos a favor de una ordenanza, pero en ella setienen que garantizar los derechos y deberes de comerciantes y ciudadanía enigualdad de condiciones”, ha señalado la concejala nacionalista Blanca Guinea que añadía que es un proyecto de ordenanza planteado contra una actividad y un colectivo concretos, no para garantizar derechos.

Para el PNV cualquier intento de establecer una regulación sobre la actividad comercial tiene que partir de dos bases: la igualdad en el trato, tanto en derechos comoen obligaciones, y la libertad de comercio. “Todo lo contrario de lo que se ha hecho aquí, donde se han usado dos varas de medir para el comercio  donde se actúa contra artículos concretos de una ley superior e incluso dedirectivas europeas”, añade Guinea.  

El PNV se han declarado partidarios de cualquier medida o regulación que se quiera adoptar pero "debe realizarse en igualdad de condiciones con el resto del comercio e igualdad de condiciones de servicio a la clientela. Una cosa es garantizar las medidas de seguridad de un local ovelar por que respecte la regulación comercial y otra muy diferente diseñar unaordenanza pensada para que no se abra un locutorio más y los que ahora existenlo tengan cada vez más difícil por el mero hecho de que no le gustan al PP”, afirma la concejala nacionalista.  

Expertos del ámbito judicial consultados por eldiarionorte.es coinciden en el enfoque de los nacionalistas sobre la posible vulneración de la ley. Estas fuentes citan el artículo 38 de la Constitución- relativo a la libertad de empresa- y la Directiva de Servicios, que prohíben la imposición de requisitos urbanísticos o de otra índole que de facto impidan desarrollar una actividad económica legal como es el locutorio."Si la suma de todos los requisitos hace imposible la existencia de locutorios, podríamos estar ante una medida desproporcionada como la que llevó al TPSJ a anular la distancia mínima de crematorios a usos residencial de 500 metros en Bilbao, aunque luego el Tribunal Superior de Justicia la admitió", explican los expertos.

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