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El Ayuntamiento de Vitoria paga 650.000 euros al año por un alquiler "adjudicado a dedo"

“El PP adjudicó a dedo un contrato de alquiler que está provocando una verdadera sangría económica”, denuncia Gorka Urtaran.

PNV, PSE-EE Y EH Bildu exigen la comparecencia del alcalde de Vitoria por un informe jurídico que reprueba el alquiler de unas oficinas en la calle San Antonio.

El polémico alquiler de un local de la calle San Antonio en Vitoria en la época en la Alfonso Alonso (Partido Popular) ocupaba la Alcaldía ha supuesto desde el año 2007 un desembolso de 2.600.000 euros a las arcas municipales. El entonces equipo de Gobierno firmó un contrato blindado por un periodo de 20 años, lo que supuso duras críticas por parte de la oposición. Desde entonces, primero el Gobierno del socialista Patxi Lazcoz, secundado por el resto de grupos excepto los populares, reclamaron que se aclare una situación que, según juzgan, es desprorcionada para las arcas municipales. Ahora, ha sido el PNV en el Ayuntamiento de Vitoria quien solicita la comparecencia extraordinaria y urgente del alcalde ante un informe jurídico de la Secretaría General del Pleno que reprueba estos alquileres. Una petición a la que se han sumado el PSE-EE y EH Bildu.

El informe critica la fórmula que Alfonso Alonso, entonces alcalde de Vitoria y hoy portavoz del Grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados, utilizó para adjudicar un alquiler de un precio tan elevado. El documento señala que no se respetó el principio de libre concurrencia, necesario ante un contrato tan importante, y que no se consideró alquilar otros inmuebles de características similares pero precios más asequibles.

“El Partido Popular adjudicó a dedo un contrato de alquiler que está provocando una verdadera sangría económica en las arcas municipales”, afirma Gorka Urtaran. El portavoz nacionalista sostiene que no sólo supone un “perjuicio al interés público”, sino que se trata de una clara vulneración de la ley. Por ello, al igual que los socialistas, solicita que el alcalde Maroto, entonces concejal de Hacienda, comparezca para explicar “lo que hizo y lo que piensa hacer a partir de ahora”, sostiene Urtaran. “Seguir pagando una barbaridad por un contrato que está cuestionando el máximo órgano jurídico municipal es totalmente intolerable”, añade el portavoz.

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