La apuesta por la reinserción de presos se juega en Álava
El 30% de la población reclusa de Euskadi no tiene derecho a acceder al tercer grado- un régimen de vida en semilibertad- o a disfrutar de permisos penitenciarios porque ese porcentaje de presos no cumple uno de los requisitos indispensables para obtener ese beneficio: disponer de un apoyo familiar externo normalizado. Algunos reclusos carecen de ese soporte porque sus lugares de procedencia están demasiado lejos de las cárceles y esa distancia no les permite desplazarse diariamente hasta ellos. Otros, simplemente, porque han perdido el respaldo de sus allegados.
Para salvar este obstáculo y posibilitar a todas las personas privadas de libertad el acceso a esas concesiones se crearon los pisos de acogida gestionados desde hace una década en Vitoria por la Comisión Ciudadana Antisida y la asociación Salhaketa.
Son cuatro viviendas para hombres y una adaptada para mujeres. En estos espacios, antesalas de la libertad, conviven los presos derivados de la prisión de cumplimiento de Euskadi, antes el penal de Nanclares y ahora el de Zaballa. Su estancia en este servicio les sirve de transición entre el aislamiento que supone su encierro tras las rejas y su salida a la calle. Allí duermen, realizan talleres y actividades dirigidas a la reinserción social y poco a poco retoman ese contacto perdido con la sociedad de la que han estado separados.
Se trata de dotar a los internos de las habilidades sociales, personales y profesionales para que puedan rehacer sus vidas una vez hayan redimido culpas. El impacto por el cambio de régimen es menor si se hace de forma progresiva y no bruscamente y las posibilidades de reincidencia se reducen de forma considerable, según coinciden los expertos. “No tenemos datos que lo corroboren pero si percepciones acumuladas durante todos los años de experiencia. La posibilidad de que vuelvan a cometer delitos es menor si pasan por estos servicios. Se trata de encauzar la progresiva incorporación social de los penados. De lo contrario, casi todos recaen”, sostiene el presidente de la Comisión Ciudadana Antisida, Miguel Ángel Ruiz.
Desde esta entidad siempre han defendido ese programa alternativo a la cárcel al tiempo que hacen un llamamiento para que la apuesta que se hace desde el territorio alavés con la Diputación foral a la cabeza, por este modelo vinculado a los servicios sociales y más alejado de lo meramente jurídico, se traslade a Bizkaia y Gipuzkoa.
En ambas provincias carecen de pisos de acogida y tampoco disponen de los llamados Centros de Inserción Social, CIS. Se trata de unos recintos situados en la ciudad más próxima a las cárceles que cumplen la misma función reintegradora y reeducadora que los pisos de acogida activos en Vitoria, aunque con un régimen más represivo ya que los reclusos siguen sometidos a vigilancia policial rígida frente a la supervisión de trabajadores sociales vigente en los inmuebles de la Comisión Antisida. “Se tienen que implicar más las instituciones vizcaínas y guipuzcoanas en la atención de personas presas. La prisión de cumplimiento siempre ha estado en Álava y esa distancia ha provocado que el peso recaiga sobre esta provincia pero los presos proceden en su gran mayoría de Bizkaia , el 70% y después de Gipuzkoa, el 20% .Y resulta que la anteúltima etapa de su condena la pasan todos en Álava. Se debe compartir la carga”, explica el presidente de la Comisión Ciudadana Antisida, Miguel Ángel Ruiz.
Las cárceles del País Vasco acogen a un total de 1.414 presos, de los que 1.289 son penados y 125 preventivos, según los últimos datos proporcionados por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. En Euskadi estaba prevista la construcción de tres Centros de Integración Social (CIS) para los presos en régimen de tercer grado, pero el Ministerio de Interior decidió que no eran necesarios. El País Vasco será la única comunidad autónoma sin este tipo de servicio. “Ahora más que nunca es vital la intervención de los servicios sociales para paliar esa carencia. El abordaje a esas alturas del proceso penitenciario tiene que ser desde la atención social, lo jurídico tiene que cerrar ya capítulo en esa fase. Esa realidad se ha entendido muy bien siempre desde Álava. La Diputación atiende a los presos por su situación de exclusión social, que es además donde tiene competencia. Las otras diputaciones no están haciendo lo mismo, les está costando admitir que ese es su papel. Y ya hay una masa crítica entre la población que reclama su intervención”, denuncia Ruiz que insiste en la necesidad de apertura de pisos o CIS en los otros territorios para que cuando los presos accedan al tercer grado sean trasladados a sus provincias.
Sólo el pasado año más de 160 penados usaron los pisos de la Comisión Antisida.
En la antigua cárcel de Nanclares se mantiene la sección abierta, que acoge a cerca de 90 presos, la mayoría en tercer grado. Pero esta modalidad no convence tampoco a los propulsores de los pisos de acogida. “Un centro de estas características no puede estar ubicado en el interior de una prisión, porque así no está cumpliendo con su misión reintegradora. Además está vieja cárcel debe ser clausurada porque no reúne las condiciones de habitabilidad mínimas y es insegura, sobre todo, para las mujeres”, declara Miguel Ángel Ruiz.
