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Sin ayudas, pobreza y marginalidad

Eduardo Azumendi

Vitoria —

Familias sin ingresos, parados que han agotado el subsidio de desempleo, solicitantes de ayudas para el alquiler, jubilados perceptores de pensiones mínimas, inmigrantes….La lista de personas que recurren a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es amplio. Por eso, de su concesión o no, de que se pague a tiempo o no, depende que muchas personas se mantengan a flote.

Esta son las historias de algunas de esas personas que publicamos con nombre ficticio para preservar su anonimato.

B.A.K. tiene tres niños. Hasta completar los tres años de padrón que se exigen para poder solicitar la RGI estuvo viviendo en la residencia Ain Karem que gestiona la asociación Berakah para mujeres solas sin recursos, en el Casco medieval de Vitoria. En noviembre, con tres años de padrón, pudo solicitar la RGI y dar el salto a un piso de alquiler, con algo de dinero que se le pudo dejar para la fianza. Lleva desde entonces, hace ya seis meses, esperando el pago de la ayuda. Sobrevive gracias a la colaboración de muchos que le pagan el alquiler, los gastos y el apoyo alimentario.

Los trámites burocráticos hacen que, al no estar el que es padre de sus hijos en Vitoria, tenga que presentar diversa documentación. “Siempre falta algún papel”, se lamenta, lo que provoca que “nunca llegue el dinero”. “¿Cómo se sobrevive así?”, se pregunta Rosana Ortiz de Elguea, una de las promotoras de Círculos de Silencio.

A. R. y J. P.I, matrimonio con dos niños. Llevan siete años en Vitoria. No tienen trabajo y hasta hora sobrevivían gracias a la RGI. En noviembre se les pasó ir a sellar la tarjeta de desempleo y se les suspendió la ayuda. No han vuelto a cobrar hasta el mes de abril. Seis meses sin ingresos en los que han vivido gracias a que varias familias se han unido y han colaborado para ir pagando su alquiler. Para poder comer han pedido alimentos. Se han endeudado.

La cuestión para la plataforma es si se puede castigar un error así directamente con la suspensión de la ayuda. “¿No es mayor acaso el daño que se causa a las personas receptoras con esa suspensión que la infracción que se comete?”, se pregunta.

E. P. y C. E., pareja con un hijo. Solamente trabaja él. Le pagan 400 euros por una jornada laboral como repartidor. El resto lo complementa con la RGI. Con ello consigue pagar el alquiler y sobrevivir. Pero un día le suspenden la ayuda. Ni siquiera tiene notificación del motivo, de modo que presenta en las oficinas de Lanbide un recurso que es aceptado. “De esto hace ya tres meses y todavía sigue sin cobrar nada”, denuncia Círculos de Silencio. Con los 400 euros de salario de su trabajo tiene que hacer frente al alquiler de 650 euros, los gastos de colegio, suministros, comida… ¿Cómo lo puede hacer?

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