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Los bancos adeudan 12 millones a las comunidades de vecinos

Eduardo Azumendi

Vitoria-Gasteiz —

¿Pueden convertirse los bancos en vecinos morosos? Pues sí. Es una consecuencia de la crisis económica y financiera. Los bancos y cajas deben un total de 12 millones de euros a las comunidades de vecinos del País Vasco por el impago de las cuotas de la comunidad de los pisos que se han quedado en propiedad tras un proceso de desahucio a particulares y empresas inmobiliarias. El dato figura en un informe elaborado por el Observatorio Vasco de la Vivienda (OVV), dependiente del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, para atender una petición del Parlamento vasco. La Cámara de Vitoria le requirió en su día que analizara la problemática de la morosidad en las comunidades de propietarios de Euskadi generada por los impagos por parte de las entidades financieras.

Según el estudio, la morosidad bancaria en el País Vasco está ligeramente por encima de la media, con un importe de 12 millones de euros en el 2012, repartidos en seis millones en las comunidades de propietarios de Bizkaia, cuatro en Gipuzkoa y dos para Álava. Esos 12 millones representan un 17% del total de los 63 millones totales de deuda contabilizada en las comunidades de propietarios vascas (a la los bancos hay que añadir la de los vecinos morosos y las de las promotoras).

En el caso del País Vasco, existe otra característica que agrava la trascendencia de la deuda de bancos y cajas: el peso que tiene la primera vivienda entre los procedimientos de ejecución hipotecaria y su correlación con la morosidad bancaria. Y es que, en el País Vasco el peso relativo de la primera vivienda en los procesos de desahucio supone casi un 85% de los 785 casos totales contabilizados, apunta el informe.

La principal causa que se constata para estos incrementos anuales de las deudas sin cobrar es, según el estudio, “una deficiente gestión de la morosidad por desconocimiento del procedimiento judicial para la reclamación de las deudas”. A lo que se añade un alto coste económico para las comunidades de propietarios una vez que deciden iniciar el procedimiento judicial.

La negativa a pagar por parte de las entidades financieras es un comportamiento ampliamente generalizado y que obliga a las comunidades a exigir sus derechos a través del procedimiento judicial, “extremo que no se contempla, en muchas ocasiones, ni con los morosos más recalcitrantes, ya que, suelen pagar antes de llegar a los juzgados”, destaca el estudio.

La problemática se agrava porque con la actual Ley de Propiedad Horizontal sólo se permite reclamar las deudas producidas en el año en curso y el inmediatamente anterior. Así, si esta situación se enquista en el tiempo, los impagos no se verán resarcidos nunca, dejando a las comunidades de propietarios en un estado de grave debilidad para hacer frente a sus gastos de conservación y mantenimiento de edificios. Algo, por otro lado, exigido por la ley.

Por el lado de los bancos, se alude al estado de indefinición que existe entre el momento que empieza el embargo hasta la adjudicación final. Entre los dos instantes pueden mediar varios meses de indeterminación de la propiedad. A esto hay que añadir que cuando se inicia el proceso de ejecución hipotecaria, el embargado suele ya estar en una situación muy difícil como para hacerse cargo de los pagos mensuales de su comunidad, un deber que deja a la cola para poder satisfacer las necesidades básicas.

En cualquier caso, el informe concluye que la morosidad bancaria en el pago de las cuotas de las comunidades de propietarios de las que forman parte resulta “una sorprendente paradoja en los tiempos actuales, que choca con el tratamiento que los bancos aplican a la morosidad de sus créditos”.

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