El ‘casoplón’ de Aia se enreda en los tribunales
El caso del casoplón de Aia, el palacete (11 habitaciones y 11 baños) construido por la familia de una concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo según el Ararteko, tiene la tercera denuncia en los tribunales. Ahora son los propietarios los que han presentado una demanda por daños causados en su propiedad. Desde el pasado 2 de noviembre, el juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia ha abierto una investigación contra la Federación Gipuzkoana de Deportes Aéreos, el colectivo que precisamente ha denunciado las presuntas ilegalidades del palacete.
Hasta ahora había dos demandas interpuestas en este caso, por las vías penal y contencioso administrativa, que están en fase de investigación desde hace más de un año. En ellas se ha aportado una copiosa documentación del caso, como el informe del Ararteko, que cuestiona la construcción del casoplón por parte de la familia Garrastazu en el alto de Tailamendi, entre Zarautz y Orio. La familia tenía un caserío en ruinas en ese paraje y en 2010 presentaron una licencia de rehabilitación al ayuntamiento de Aia. Dos años después pidieron otra licencia para erigir otra edificación, que duplica la superficie.
Entre las irregularidades que se exponen en la demanda, se apunta a la falta de un proyecto de demolición del caserío en ruinas, que el consistorio de Aia aprobara la licencia de la nueva edificación condicionada a la presentación del proyecto de derribo del caserío, que nunca se ha tramitado o la inexistencia de una declaración de ruina previa, requisito fijado por las normas urbanísticas de Aia.
El Ararteko subrayó que al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”. Un argumento respaldado por la Diputación de Gipuzkoa que concluyó, en mayo de 2015, que la Ley del Suelo vasca prohíbe reconstruir caseríos aumentado la edificación y “es evidente que la estructura del edificio en construcción supera claramente el volumen del caserío anteriormente existente”. La familia se ha escudado en que dispone de la licencia municipal y ha acusado al Ararteko de “extralimitarse en sus funciones”.
Zona de montañeros y paseantes
Las irregularidades han llevado a crear la asociación SOS Talaimendi por un colectivo de practicantes del parapente que desde hace 25 años utilizan esta zona para despegue, vuelo y aterrizaje. Es una zona además frecuentada por montañeros y paseantes. La zona de vuelo está reconocida por la Diputación de Gipuzkoa, que lo prohíbe del 1 de febrero al 1 de junio por ser época de cría de una pareja de halcones peregrinos que anida en la zona. El casoplón se ubica en en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino.
Las irregularidades han llevado a crear la asociación SOS Talaimendi por un colectivo de practicantes del parapente que desde hace 25 años utilizan esta zona para despegue, vuelo y aterrizaje. Es una zona además frecuentada por montañeros y paseantes. La zona de vuelo está reconocida por la Diputación de Gipuzkoa, que lo prohíbe del 1 de febrero al 1 de junio por ser época de cría de una pareja de halcones peregrinos que anida en la zona. El casoplón se ubica en en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino.
La familia Garrastazu presentó en junio pasado una denuncia ante la Ertzaintza por el talado de seis árboles y desperfectos en un vallado de la finca del palacete. La denuncia se archivó al mes siguiente por falta de pruebas pero en noviembre la titular del juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia, María de Blas Piñeiro, ha reabierto las diligencias porque “se han recibido numerosos atestados ampliatorios de la Ertzaintza facilitando nuevos datos”. El presidente de la Federación Gipuzkoana de Deportes Aéreos fue citado a declarar el pasado 16 de diciembre, pero al final no se produjo porque el propio juzgado suspendió la declaración sin fecha.
La Ertzaintza se reactiva
Otro juzgado de instrucción de Azpeitia, el número 2, decidió archivar la vía penal el pasado 25 de mayo e instó a los denunciantes a que el caso prosiguiera en la otra vía abierta, el contencioso-administrativo. El juez no veía ni prevaricación ni delito contra la ordenación y consideraba legal la licencia aunque no ofreciera ningún argumento sobre el cambio de ubicación y que se trate de una nueva ubicación. La Audiencia de Gipuzkoa estudia desde hace más de cinco meses el archivo para confirmarlo o instar a que se reabra la investigación. La vía contencioso-administrativa está paralizada a la espera de que se resuelva el ámbito penal.
La Ertzaintza se había mantenido poco activa en este caso hasta hace medio año. Después de que en agosto de 2015 tramitara la primera denuncia de los parapentistas, la comisaría de la Policía en Zarautz se limitó a realizar visitas de inspección de la zona y la petición de informes a administraciones y del expediente urbanístico del palacete al Ayuntamiento de Aia. Un expediente que el consistorio se negó a aportar y sin que conste ningún reclamo posterior de la comisaría de Zarautz. Hasta que fue obligado por un tirón de orejas de la Fiscalía de Gipuzkoa que, el 12 de abril, apercibió al Ayuntamiento de Aia de un “delito de desobediencia” por negarse a facilitarlo. Tampoco el juzgado de Azpeitia que ha investigado un posible delito penal ha solicitado actuaciones a la Ertzaintza. No existe ningún informe concluyente de la Policía Autónoma, en sentido positivo o negativo, en las diligencias practicadas.
El área de Medio Ambiente mostró un inesperado empeño en junio pasado y elaboró el informe cuyo contenido no se ha difundido pero alude a la existencia de un posible delito. Según fuentes judiciales, el pasado 12 de julio entregó una ampliación de atestado, en el que pedía que el Instituto de Geología y Minas de España elaborase un estudio detallado del área donde se ubica el casoplón, otro informe sobre sonometría (el ruido y el riesgo de deslizamiento han sido los motivos esgrimidos por la familia Garrastazu para justificar el cambio de ubicación), una medición exacta de la edificabilidad y volumetría del palacete (casi duplica la superficie construida: 567 metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor: 469 metros cuadrados frente a 183). y la toma de declaración del aparejador municipal de Aia, quien concedió la primera licencia de rehabilitación.
