Los chalés ilegales de Barrika les van salir muy caros a los vizcaínos
La construcción de 14 chalés en la localidad de Barrika en una zona de suelo no urbanizable de especial protección paisajística le va a salir muy caro a los contribuyentes vizcaínos. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha condenado a la Diputación de Bizkaia y al Ayuntamiento de Barrika a abonar 1,5 millones de euros a las promotoras por daños y perjuicios, ya que las empresas se embarcaron en una operación más ambiciosa respaldada por las dos instituciones, pero que finalmente quedó paralizada por la justicia.
Es el conocido como ‘caso Barrikabaso’, el área del municipio vizcaíno de Barrika donde se ubican los chalés y que ha sido la primera urbanización seriamente amenazada de derribo en Euskadi por ilegalidades urbanísticas. En 1990, el Ayuntamiento de Barrika y la Diputación vizcaína firmaron un convenio con los propietarios que contemplaba la construcción de 349 chalés, un hotel y un campo de golf. Todo en un terreno que el Gobierno vasco había calificado ya en 1988 de suelo no urbanizable de especial protección paisajística. El Ayuntamiento claudicó, pero dejó el proyecto a la espera de un mejor momento.
En 1997, volvió a aprobar una recalificación en la zona: 85 chalés y 12 pisos de protección. La Diputación de Bizkaia avaló la operación, pero el Gobierno vasco se opuso de nuevo. La asociación ecologista Txipio Bai recurrió a la justicia y hasta tres sentencias judiciales (dos del Tribunal Superior vasco en 2001 y 2004 y la última del Supremo en 2009), han declarado nula la recalificación.
Las sentencias permitían el derribo de las 14 viviendas ya construidas mientras se resolvían los pleitos, con varias habitadas desde hace 10 años. Los ecologistas trataron de buscar una salida. A finales de 2015, el Ayuntamiento asumió la propuesta ecologista y aceptó que Barrikabaso es un área de especial protección. Así, ya no se podrá construir nada más en esa zona.
Por su parte, las constructoras promotoras, que entraron en concurso de acreedores por la fallida operación, movieron ficha y reclamaron perjuicios en los juzgados. El Tribunal Superior vasco les ha dado parcialmente la razón al condenar a la Diputación y al Ayuntamiento a abonarles al menos 1,5 millones de euros (los constructores exigieron 4,9 millones de euros de indemnización).
