Euskadi debe empapar de coherencia las políticas para el desarrollo en sus instituciones
El concepto de Coherencias de Políticas para el Desarrollo (CPD) no es nuevo. Surgió en la década de los 90, en torno a los debates sobre las cuestiones que influían en los procesos de desarrollo de los países que recibían ayudas oficiales desde el primer mundo para este fin. La crisis del modelo de cooperación al desarrollo reveló que los instrumentos tradicionales de cooperación, vinculados a la ayuda para el desarrollo, se han quedado obsoletos y ofrecen muchas limitaciones para hacer frente a los problemas de desarrollo de los países empobrecidos.
En definitiva, hay una visión mayoritaria de que los problemas en torno al desarrollo en el mundo no están relacionados solo con las políticas concretas de ayuda, sino también con la manera de encarar los procesos de desarrollo con unas políticas con mayor coherencia para lograr un desarrollo equitativo y que pueda ser sostenible a escala global. Y no es una tarea fácil empapar de coherencia todos los niveles institucionales porque las resistencias entre los intereses nacionales o a corto plazo con la promoción del desarrollo a escala mundial están a la orden del día.
¿Cómo se sitúa el Gobierno vasco en este debate? La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, adscrita a Lehendakaritza, encargó un informe a Hegoa, Instituto de Estudios sobre el Desarrollo y Cooperación Internacional (UPV), para conocer la coherencia de las políticas para el desarrollo en Euskadi. El informe, al que ha tenido acceso el diarionorte.es, hace un diagnóstico de estas políticas y plantea algunas propuestas que van a servir para la actuación del Ejecutivo vasco en esta materia.
Junto a la “voluntad política” y el papel de las administraciones subestatales y las ONGs dedicadas al desarrollo, el informe considera que para promover este tipo de políticas “una ciudadanía crítica y comprometida con el desarrollo humano puede ser un elemento clave para presionar a los gobiernos para que aplican una mayor coherencia en las políticas de desarrollo” en su actuación pública.
Dentro de las estrategias de internacionalización (Basque country) y de las políticas para el desarrollo del Gobierno de Urkullu, el texto subraya que “la idea de que la sola promoción de los intereses vascos y de sus empresas en el exterior contribuirá a la construcción del desarrollo global puede resultar una aproximación confusa y poco adptada a los desafíos reales que supone el trabajo en la coherencia en las políticas de desarrollo. Y se critica que no se haya establecido mecanismos que ”promuevan o garanticen la integración de la perspectiva de desarrollo en la acción exterior de la Administración vasca“.
El estudio analiza cómo han integrado diversos planes gubernamentales (hasta ocho, incluídos el Plan de Paz y Convivencia, el de Innovación Pública, el de Salud, el de Igualdad de Mujeres y hombres o el Programa Marco Ambiental) la perspectiva de las políticas de desarrollo. Y se destaca “la existencia de dificultades para transversalizar la perspectiva del desarrollo humano en el conjunto de las políticas” gubernamentales. “Una visión general confirma la idea de que la política de cooperación es un elemento separado del resto de las políticas públicas que se desarrollan en Euskadi”, aunque se ha avanzado en los últimos años en el “impulso de una mayor coordinación, coherencia e interlocución entre las diversas políticas públicas vascas”.
Contradicciones en el Gobierno
De hecho, apunta divergencias y contradicciones entre lo planteado en cooperación en determinados documentos del Gobierno y su acción en algunos departamentos. “Mientras que en los documentos de cooperación se plantea la necesidad de reflexionar críticamente sobre las asimetrías y desigualdades generadas por un modelo que se considera insostenible, los Planes más cercanos al ámbito del Departamento de Economía y Competitividad apuestan por la plena inserción en ese modelo, de la mano de la internacionalización de las empresas vascas, la apuesta prioritaria por la competitividad y de la apertura de nuevos mercados”. En el caso del Departamento de Educación, se apunta que las estrategias elaboradas en esta materia “no se han hecho eco de estas inquietudes, habiéndose producido incluso un cierto retroceso respecto a algunas actuaciones emprendidas hace algo más de una década”.
Por contra, el texto destaca en positivo algunas iniciativas que van más allá de esos planes estratégicos, como las “prestaciones sanitarias a la población emigrante, cuestión en la que el Gobierno vasco ha mantenido una posición propia frente al criterio del Gobierno central”, mucho más restrictiva de derechos. En todo caso, Hegoa ha constatado en su análisis el “escaso conocimiento” que sobre la coherencia en las políticas de desarrollo existe en la Administración vasca.
¿Cuáles son las propuestas concretas que plantea el informe de Hegoa?
La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo que dirige Paul Ortega tiene previsto lanzar este debate en el mes del septiembre, tanto a nivel interno en el Ejecutivo, como en el Parlamento, donde se pretende trasladar una agenda gubernamental en materia de coherencia de las políticas de desarrollo. La idea del trabajo transversal y de empapar toda la acción del Gobierno en materia de políticas públicas de desarrollo está clara en la Agencia, una política que presentará en las próximas semanas. Y para ello se tendrá en cuenta parte de las aportaciones del informe.
Entre ellas, el informe propone en el ámbito político una “paulatina integración de la política de cooperación en la acción exterior del Gobierno”, así como en materia educativa una integración de la Educación para el Desarrollo en la política educativa“ del Ejecutivo vasco con el concurso de la comunidad educativa y todos los actores implicados. Y en el ámbito organizativo se apunta la necesidad de crear ”estructuras específicas“ para coordinar y liderar estas políticas, con el ”apoyo político del máximo nivel en el seno del Gobierno“. También asegurarse de que los diferentes departamentos gubernamentales cumplan con determinados requisitos formales relacionados con las políticas de desarrollo para elaborar con coherencia las políticas sectoriales.
