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La comisión de los comedores analizará el informe que constata irregularidades y que obvió Competencia

Cita al autor del informe adelantado por eldiarionorte.es y a la presidenta de Competencia que encargó el dictamen, Pilar Canedo, que se suman a quien sustituyó a ésta, Alba Urresola, que archivó la investigación

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María López, en el Parlamento con la presidenta de la comisión, Larraitz Ugarte (EH Bildu)

María López, en el Parlamento con la presidenta de la comisión, Larraitz Ugarte (EH Bildu) EUSKO LEGEBILTZARRA

La comisión de investigación creada en el Parlamento vasco para analizar las anomalías en la contrata de comedores de los colegios públicos entre 2003 y 2015, unos hechos destapados por la Autoridad Vasca de la Competencia al entender que las empresas adjudicatarias del servicio se repartieron el mercado para maximizar beneficios, ampliará el foco para analizar también el actual sistema.  Competencia, bajo la presidencia de Pilar Canedo, inició una segunda investigación al entender que se mantenían las irregularidades e incluso encargó un informe externo para confirmar esos extremos,  pero el expediente quedó archivado tras el relevo en la presidencia del órgano de control, ahora dirigido por Alba Urresola tras la marcha de Canedo a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). 

Según ha acordado en su sesión de este martes el foro parlamentario, a la luz del informe de Santaló adelantado por eldiarionorte.es, tanto Canedo como el autor del informe, Juan Santaló Mediavilla, se sumarán a la lista de comparecientes junto a la propia Urresola, ya prevista en la relación inicial. La propuesta ha contado con el apoyo de los tres partidos de la oposición, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP, los mismos que en su día impulsaron la creación de la comisión. El PNV, en cambio, ya había recordado por boca de Mikel Arruabarrena que prefería acotar los trabajos al período 2003-2015.

Estos acuerdos han llegado después de una larga comparecencia de la principal empresa implicada en el cártel de los comedores, Ausolan, del grupo cooperativo Mondragon y dueña de tres de las siete compañías sancionadas, Auzo Lagun, Cocina Central Magui y Cocina Central Goñi. Las otras cuatro firmas son Eurest, Tamar Las Arenas, Gastronomía Baska y Gastronomía Cantábrica, que irán pasando por la Cámara en las próximas sesiones. La ejecutiva María López ha ejercido de portavoz de las tres firmas de Mondragon y ha repetido en varias ocasiones que "no ha existido ni existe ni existirá acuerdo colusorio ni con otras empresas ni con el Gobierno" y que "no se ha producido" quebranto económico en la contrata de comedores, ni para la Administración "ni para las familias".

López ha pasado de puntillas por la sanción impuesta por Competencia tras su primera investigación -"basada únicamente en indicios"- y por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que la confirman, aunque es cierto que redujeron la multa inicial de 18 millones en un 60% por considerar que no sólo eran culpables las empresas sino también Educación por su falta de control para evitar las irregularidades en un concurso que curso a curso se llevaban siempre las mismas empresas y con precios más elevados que los ofertados en la escuela concertada. Sin embargo, sí ha destacado un decreto de la Fiscalía -que no supone cosa juzgada en derecho penal- en el que archivaba una investigación penal por estos mismos hechos tras una petición precisamente del Parlamento Vasco. En esta línea, ha lamentado que una empresa "que está en el top" y que "hace comedores y no comederos" haya sufrido "altísimos daños reputacionales".

La empresaria ha indicado que Ausolan se limitó a seguir los pliegos redactados por el Gobierno y ha recordado que unos laboratorios (Araba) homologaban previamente a las empresas que podían prestar el servicio. Ha añadido que la contrata vasca es "un referente" en España por ser "más exigente" que las de otras comunidades autónomas y que "por ser precisamente un referente de calidad muchas empresas, grandes multinacionales, que han querido entrar aquí no han podido". "El resultado de las adjudicaciones es consecuencia directa de los pliegos del Gobierno vasco. Es un mercado profundamente intervenido y mediatizado por la Administración", ha querido zanjar López.

Desde la bancada de Elkarrekin Podemos, José Ramón Becerra ha esgrimido precisamente el informe de Santaló adelantado por este periódico para señalar algunos puntos oscuros en los contratos recibidos por las empresas de 'catering' del grupo Mondragon y que afectan a los servicios vigentes. Básicamente, ha remarcado que hay dos lotes -el contrato se divide en 18 áreas geográficas- en los que se presentaron para 'competir' entre sí dos compañías interrelacionadas. Ambas ofrecieron un precio cercano al máximo con una diferencia de apenas 0,01 euros. 

También ha puesto sobre la mesa el lote número 9, en Gipuzkoa, el único al que se presentó en 2015 la empresa que había denunciado las irregularidades anteriores y que sistemáticamente se había quedado fuera. En este concurso, Aibak ofreció un precio mejor que la media de las empresas implicadas en el cártel sancionado por Competencia pero su competidora Auzo Lagun planteó una oferta notablemente inferior a la que había presentado en el resto de colegios de Euskadi. Becerra ha preguntado por dos veces a López si realizaron esa maniobra para "expulsar" a Aibak del mercado y sólo a la segunda la ejecutiva ha admitido que fue una decisión "estratégica pura y dura" en términos de volumen de negocio. La compareciente no ha escatimado en críticas hacia Aibak. Entre otras reflexiones, ha subrayado que "no cumplió los requisitos". "Se le reconoció la capacidad productiva pero no la calidad y seguridad alimentaria", ha abundado. 

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