La constructora que creó un vertedero ilegal en Zalla ve desmontada su coartada
Construcciones Olabarri, la constructora que creó un vertedero ilegal en Zalla, ha visto desmontada su coartada. La empresa Cespa, a la que Olabarri aseguró haber depositado los residuos de manera legal, ha comunicado al juez que investiga el caso que no ha recibido residuos procedentes de movimientos de tierras.
Este caso se suscitó porque el Ayuntamiento de Zalla decidió ejecutar el aval de de casi 200.000 euros de la constructora, afín al PNV, por no realizar los vertidos de las obras del frontón municipal (las que ocasionaron los residuos) en un basurero oficial sino que llevaron a un monte donde está el vertedero ilegal.
La constructora había presentado al juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Bilbao un documento, fechado en enero, en el que señalaba que una subcontrata había gestionado correctamente los residuos a través de la empresa Cespa para su depósito en un vertedero oficial.
Pero Cespa, en una comunicación enviada al juzgado el pasado 5 de marzo, rechaza esa argumentación al señalar que los residuos que ha recibido “son voluminosos y no valorizables. Por tanto, en principio, los citados contenedores no contenían tierras provenientes de movimientos de tierras”.
Como ha informado eldiarionorte.es, el Departamento de Medio Ambiente ha rechazado recuperar el vertedero existente en un monte público de Zalla, pese a que un informe técnico concluye que la zona “afectada debe ser recuperada” y que los residuos contravinieron la ley. “Constituye un vertedero a los efectos legales, técnicos y administrativos”, señala el informe de la empresa de geología Terranova encargado por el Ayuntamiento de Zalla. En cambio, Medio Ambiente dice, basándose en el mismo informe y sin ningún otro estudio de sus técnicos, que “no cabe considerar como un vertedero ilegal la actuación realizada”.
Durante la instrucción del caso que aún prosigue, el magistrado ha dado otro pequeño varapalo a la constructora, vinculada al PNV, al rechazar por dos veces ( e imponer las costas del recurso) la declaración como testigo del anterior alcalde de Zalla, el peneuvista Leandro Kapetillo, bajo cuyo mandato se creó el vertedero. Concejales de Zalla de la anterior legislatura, pertenecientes del PNV, que era el partido que gobernaba el consistorio, permitían el acceso de camiones al vertedero ilegal creado por la constructora, según los testimonios de vecinos. El juez ya rechazó en agosto pasado la suspensión de la ejecución del aval. “Puede considerarse la existencia de una, nada despreciable, afección al interés público”, dijo en un auto firme.
El Gobierno vasco ha mantenido un gran mutismo sobre este asunto. La única respuesta a este diario fue en septiembre, tres días después de ser requerido insistentemente, y se limitó a asegurar que no se trataba de un vertedero y que estaba a la espera de las explicaciones de Construcciones Olabarri sobre cómo gestionó los vertidos. La única respuesta conocida ha sido la de enero, que ha sido desmentida ahora por la empresa que recibió los residuos.
La ley General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco de 1998 obliga a las empresas a gestionar los residuos que generen a través de vertederos oficiales. En este caso, en el contrato con el ayuntamiento, la constructora recibió más de 100.000 euros para realizar una gestión correcta de los residuos generados que, según los datos existentes, no se acometió y se llevaron al monte público para crear un vertedero ilegal.
