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Dos constructoras demandan a la familia de la alcaldesa de Lezama por su plan urbanístico

Las empresas que iban a ejecutar la edificación de 52 pisos, que le iban a reportar 5,5 millones de euros a la familia de la alcaldesa, reclaman el pago de casi tres millones por incumplir el acuerdo.

El polémico plan, que recalifica una zona inundable, fue anulado en 2009 por la Justicia y ahora el Ayuntamiento ha aprobado el mismo proyecto.

La constructoras han ganado ya tres pleitos en los tribunales que confirmaron la ilegalidad del proyecto urbanístico.

El polémico plan urbanístico de Lezama, la recalificación de una zona inundable de un solar de la familia de alcaldesa Alaitz Etxeandia (PNV), está ya en los tribunales. Las dos constructoras que iban a ejecutar el proyecto (52 pisos que iban a reportar 5,5 millones de euros a los Etxeandia) presentaron una demanda civil a finales de julio, pendiente de que sea tramitada por el juzgado correspondiente de Bilbao, según confirmaron fuentes judiciales.

Estas empresas reclaman desde hace cuatro años 2,2 millones de euros a la familia de la alcaldesa al no cumplirse los plazos para la ejecución del proyecto, que quedó anulado en 2009 por el Tribunal Superior vasco de Justicia. Al constatar las irregularidades, quisieron extinguir el acuerdo y desde entonces habían enviado hasta seis requerimientos notariales a los Etxeandia pero sin respuesta. En estos dos años han ganado tres pelitos judiciales en lo que los tribunales han confirmado la ilegalidad del plan urbanístico. El proyecto de las 52 pisos fue el único impulsado por el consistorio en su planeamiento urbanístico de todo el municipio anulado e incluso la secretaria municipal informó negativamente sobre su aprobación, pero el consistorio hizo caso omiso. Como ha informado El Diario Norte, el Ayuntamiento de Lezama aprobó la semana pasada todo el plan urbanístico del municipio que había sido anulado por el Superior sin apenas cambios y, en el caso del solar de la familia de la alcaldesa, manteniendo idéntico el proyecto.

Con ello quiere volver a impulsar la  operación urbanística de Txupetxa, el solar familiar de la alcaldesa, al recalificar como urbanizables unos terrenos catalogados ahora como urbanos con calificación de inundable, lo que no permite edificar viviendas. Contempla la construcción de 52 pisos, una operación que tenía además beneficios concretos: 5,5 millones de euros para la familia Etxeandia reflejados en un acuerdo de compraventa firmado con dos constructoras. Este acuerdo fue firmado en 2007, ocho meses antes de la aprobación del planteamiento urbanístico (anulado desde 2009) que recalificaba sus terrenos, por el padre de la alcaldesa, su tía y cuatro primos con las dos constructoras.

El pacto supuso el pago en 2007 a la familia Etxeandia de 646.088 euros, a lo que siguieron otros dos abonos en 2009, de  450.000 euros y 1.085.586. En esta última cantidad se incluye un piso en el barrio bilbaíno de Miribilla, que se valora en 300.000 euros, para uno de los primos de la alcaldesa. Los otros 3.095.212 euros restantes se pagarían en especie: 10 viviendas, una lonja y cuatro garajes del solar de Txupetxa.

Pero el acuerdo tenía un plazo: para abril de 2011 el Ayuntamiento tenía que concluir todos los trámites urbanísticos para poder edificar en el solar. En caso contrario, la familia de la alcaldesa debería reintegrar a las constructoras los 2.181.674 euros cobrados, más lo estipulado por daños y perjuicios.

La denuncia ante la Justicia del plan urbanístico de Lezama por parte de una plataforma vecinal dio al traste con los planes de los vendedores. En 2009 se anuló todo el planeamiento urbanístico de Lezama y las constructoras pidieron la rescisión del contrato y la devolución de los 2,2 millones. Pero, pese a ello, el Ayuntamiento siguió con los trámites para impulsar la urbanización en el solar de Txupetxa (fue la única actuación que se puso en marcha del planeamiento) y llegó a aprobar esta actuación en 2011. Entonces llegó la sentencia firme del Tribunal Supremo que invalidó todo el planeamiento urbanístico y con ello el de Txupetxa. Además, entre junio y noviembre pasados, ha habido otros tres fallos judiciales que han declarado ilegal la promoción urbanística en el solar de la alcaldesa al estar anulado todo el plan general de Lezama.

Las dos constructoras han realizado en estos cuatros seis requerimientos notariales a la familia Etxeandia para que cumplan el acuerdo y devuelvan los 2,2 millones. El último de ellos fue en marzo y, ante la falta de respuesta, han decidido acudir a la vía judicial para recuperar el dinero. Reclaman la cantidad depositada, más otros 600.000 euros en concepto de intereses y costes: en total cerca de 2,8 millones. De esa cifra, la mitad se reclama al padre de la alcaldesa. Las empresas han asegurado que el Ayuntamiento “sigue maniobrando a su favor [de los Etxeandia]. En el nuevo plan urbanístico copia el Txupetxa anterior”. Agregan que incluso recibieron un escrito de los Etxeandia, sin ninguna referencia a los 2,2 millones, en el que se dice que “se resucita [el plan urbanístico de Txupetxa] y que el contrato es válido”.

 

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