Los constructores recelan de la futura ley de Vivienda por su apuesta por el alquiler
Las asociaciones de constructores y promotores de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava han mostrado abiertamente sus recelos a la futura ley de Vivienda, especialmente en lo que se refiere al alquiler. Uno de los artículos de la ley, que está tramitando el Parlamento vasco y que será aprobada a finales de junio, establece que en un plazo de cinco años toda la vivienda pública se destine al alquiler. Según los constructores, no podrán soportar económicamente que todas las promociones sean de alquiler y ninguna se dedique a la venta y, además, advierten de que las entidades financieras no van a estar dispuestas a comprometer recursos para desarrollar “políticas exclusivamente de vivienda de alquiler”.
En su opinión, la redacción actual del texto es “confusa”. Paul Liceaga, en representación de la patronal de construcción guipuzcoana Asgongi; Antonio Calvo, de la vizcaína Ascobi, y Víctor Sola, de la alavesa Uneca, han expuesto en el Parlamento las inquietudes que les genera la ley. Preocupaciones que no se han disipado con las aclaraciones de los parlamentarios de EH Bildu, PSE y UPyD, partidarios de la norma.
Por una parte, los constructores creen que no queda claro si la exigencia de que toda la vivienda protegida sea de alquiler afecta también a las promociones privadas. Además, reprochan que tampoco se especifica si todos los recursos públicos en esta materia se destinarán a promociones de alquiler o si habrá dinero también para las políticas de rehabilitación de viviendas. “Los promotores privados no podrán soportar económicamente ese objetivo de viviendas de alquiler”, advirtió LIzeaga.
Mientras, el representante de Ascobi ha subrayado que en Euskadi no hay empresas con “músculo financiero” para construir todas las viviendas de alquiler de promoción privada que se plantean.
Los grupos que apoyan la ley han tratado de tranquilizar a los constructores y han insistido en que la norma no pretende perjudicar a nadie, pero que la política de vivienda necesita un giro radical.
El PNV, que rechaza el texto, considera que hay imprecisiones en temas como la promoción y los recursos públicos. Y el PP ha compartido con las asociaciones de constructores la necesidad de reservar recursos públicos para la rehabilitación y regeneración de viviendas, además del alquiler.
