“La corrupción no puede ser combatida solo por el derecho penal”
La corrupción sigue teniendo tirón. Este concepto ha sobrevolado las diferentes mesas redondas que han tenido lugar a lo largo de este lunes en el “Primer encuentro Poder Judicial-Universidad, Justicia en tiempos de crisis” en el que ponentes llegados del mundo judicial han compartido experiencias y puntos de vista con expertos universitarios. Pero específicamente se ha tratado la corrupción en la mesa redonda 'La corrupción política y su respuesta judicial' en la que han participado el magistrado Urko Giménez, miembro también de la sala de Gobierno del alto tribunal vasco, y el doctor en Derecho Penal en la UPV Norberto de la Mata, quien fue magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Bizkaia.
Ambos han coincidido en una idea básica: si alguien piensa que la respuesta contra los casos de corrupción que no han parado de aflorar en los últimos años en España puede llegar solo desde el ámbito penal está completamente equivocado. Urko Giménez, con 13 años a sus espaldas como juez de instrucción (primero en Balmaseda y ahora en Bilbao) investigando temas penales, ha apuntado desde el inicio de su intervención que “la corrupción no puede ser combatida solo por el derecho penal”. El magistrado Giménez ha reconocido que es “un instrumento imprescindible, aunque no aisladamente”.
En ese mismo sentido se ha manifestado el doctor en Derecho Penal por la UPV Norberto de la Mata. Para el profesor universitario, “todo lo que se haga en el ámbito penal será insuficiente” para luchar contra las conductas corruptas en el ámbito público. Y se ha atrevido incluso a poner nombre y apellido a los que pueden convertirse en la primera barrera frente a esas conductas: “quien puede luchar contra la corrupción es el funcionario”, ha aseverado.
Ambos han repasado algunas de las reformas del Código Penal y otras leyes orgánicas que han aprobado los sucesivos gobiernos en relación con las conductas tipificadas como corruptas, incluida la aprobada este año por el PP y que ha entrado en vigor el pasado mes de julio y que incluye una elevación de algunas de las penas. Una reforma en la que aparece por primera vez el delito de financiación ilegal de los partidos. Para Urko Giménez la decisión de elevar las penas de manera generalizada es un “recurso muy fácil, pero no siempre eficaz”. Y ha aclarado lo que a su juicio es el gran problema que tiene el sistema judicial español: “el modelo de instrucción que tenemos está obsoleto” y, en general, “partimos de la ineficiencia del sistema penal”, ha censurado.
Entre los aspectos que habría que mejorar para perseguir la corrupción estaría la ampliación de los apoyos materiales y personales con los que cuentan los jueces: desde los peritos económicos, contables, hasta incrementar la planta judicial, razones entre otras que explican, a su juicio, las dilaciones en la instrucción de los casos de corrupción. Y se ha mostrado favorable a revisar los aforamientos, al igual que el profesor De la Mata ha considerado urgente acabar con los “indultos discrecionales” por parte del Gobierno, sobre todo aquellos que no vienen acompañados de informes favorables del órgano judicial sentenciador.
Sin estadísticas judiciales
El profesor de la Mata, ante la percepción de que todo es corrupción y ante un público mayoritariamente compuesto por estudiantes universitarios, ha definido el concepto y sobre todo los tipos delictivos para diferenciar la corrupción y los delitos contra la Administración Pública, de los delitos socioeconómicos: “Para que se produzca la corrupción tienen que darse un abuso de poder a cambio de una dádiva o mordida y que el pago tenga un carácter secreto”. Y los dos delitos propios de la corrupción serían el cohecho y el tráfico de influencias. Aunque ha analizado un caso que para el común de los mortales es un buen ejemplo de conductas corruptas -el caso Nóos- se ha detenido para especificar que de los 18 imputados ninguno está acusado de cohecho y solo para algunos se sigue la causa por el delito de tráfico de influencias, mientras que la mayoría de las conductas delictivas están ligadas a la prevaricación, la malversación, la falsedad y la estafa, entre otros delitos. “En este caso no va a haber problemas jurídicos para la Audiencia de Baleares, sino de carácter probatorio”, ha avanzado.
Ambos ponentes han censurado el hecho de que en España no existan estadísticas judiciales para saber hasta dónde llega la mancha de la corrupción, ya que las únicas estadísticas son las que ofrece la Fiscalía General del Estado. El profesor, buscando en wikipedia, ha cifrado en 1.500 las causas de corrupción política que están ahora en los tribunales, aunque incluyendo todo tipo de delitos, aunque sean de tipo socioeconómico y no expresamente de corrupción. Y ha añadido dos datos más: 82 personas condenadas, aunque solo 28 en prisión por corrupción. Pero De la Mata ha ido un poco más allá en la búsqueda de la estadística. “El Registro de Penados del Ministerio de Justicia revela que en 2013 hubo un condenado por tráfico de influencias, 13 por fraude y 51 por cohecho. ¿Se cree esto alguien?”, ha apuntado el doctor universitario, que considera que este tipo de datos va en contra de la credibilidad que la justicia debe tener entre la ciudadanía.
La mesa redonda ha tenido lugar en la primera jornada desarrollada bajo el título “Primer encuentro Poder Judicial-Universidad”, en la que también han tomado parte el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el consejero de Justicia, Josu Erkoreka; el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra; el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro.
