La crisis del acero y la falta de despegue económico lastran el final del mandato de Urkullu

El lehendakari, Íñigo Urkullu, cumple este miércoles 1.000 días al frente del Gobierno -en realidad son tres años y cuatro meses desde que juró su cargo en Gernika-. Y aunque no termina por despejar cuándo convocará las elecciones autonómicas, en principio previstas para el próximo otoño, por de pronto la dirección de su partido, contra todo pronóstico temporal, le propuso como candidato a la Presidencia vasca por el PNV en pleno Aberri Eguna a expensas de que lo que pueda deparar la negociación entre PSOE, Podemos y C´s para formar Gobierno en España.

Las luces y sombras, como siempre que se pone la lupa en la acción de un gabinete cuando su tarea toca casi a su fin, son evidentes también en el mandato de Urkullu. Pero los principales partidos de la oposición han destacado la “inacción” gubernamental, que se ha traducido en una baja producción legislativa y en . Los socialistas vascos dicen que en los 'minutos basura' de la legislatura Urkullu “no está en funciones, pero a veces lo parece” y los soberanistas de EH Bildu hablan abiertamente ya de una “legislatura fracasada” y que “no da mucho más de sí”. El portavoz del PSE en el Parlamento, José Antonio Pastor, ha calificado la reunión que tendrá lugar en la Lehendakaritza este miércoles entre el lehendakari, su Gobierno y altos cargos de su Gabinete, de acto de “propaganda” y “escenificación”, y lo ha relacionado con un posible adelanto de las elecciones autonómicas. Y los portavoces de EH Bildu Unai Urruzuno y Pello Urizar han denunciado que que el programa electoral del PNV para las pasadas elecciones autonómicas incluía la celebración de una consulta en 2015, tras haberse acordado un texto articulado sobre un nuevo estatus político. “Ni lo uno ni lo otro”, han censurado.

Pero, sobre todo, los principales sindicatos y la oposición han puesto el foco en los últimos meses en el hecho de que Euskadi y su economía no terminan de despegar y dejar atrás la crisis. Como asegura el lehendakari en sus últimas comparecencias públicas o entrevistas, la economía vasca se recupera “décima a décima” de la grave crisis desatada a partir de 2008. Pero centrales y oposición parlamentaria coinciden en destacar las 153.936 personas en paro (una tasa sensiblemente más baja que en el resto de España) y que, además, muchas personas con un empleo sufren condiciones de “precariedad” laboral que les sitúan en riesgo de pobreza o exclusión social. En verano de 2015, el Consejo Económico Social cifró en 127.000 las personas que sufrían pobreza en Euskadi. Y apuntó que casi el 6% de la población vasca está en esa situación, un 1,7% más que en 2008, mientras que la ausencia de bienestar se cifra en el 11,5%, casi 250.000 personas. Entre las luces, sin embargo, hay que destacar el “esfuerzo” en protección social de las instituciones vascas: lo que permite reducir la pobreza casi un 40%, según el mismo estudio del CES.

Esta situación le ha reventado al Ejecutivo autonómico en los estertores de su mandato, lastrando la imagen de recuperación y crecimiento Y algunos de sus sectores emblemáticos, como el del acero, han terminado por afear una legislatura en la que Urkullu se había puesto tres deberes básicos: la recuperación económica, un nuevo estatus y avanzar hacia la paz y convivencia tras el final de ETA sellado en la etapa del lehendakari socialista Patxi López.

Al igual que hiciera Mariano Rajoy en la etapa final de su mandato, el Ejecutivo vasco ha pegado al máximo la recuperación de parte de los derechos sociales y laborales de los casi 70.000 funcionarios que dependen de su manto administrativo con el final de la legislatura. Este mes de abril, recuperarán el 25% de la paga suprimida por el Gobierno del PP en diciembre de 2012 y el Consejo de Gobierno ha aprobado este mismo martes devolver al conjunto del personal funcionario la totalidad de días libres por antigüedad -los conocidos como 'canosos'-, suprimidos también por normativa básica del Gobierno central en 2012. La medida se ha anunciado este martes, aunque no se hará efectiva hasta el 1 de enero de 2016, y tendrá además un impacto económico que rondará los 8 millones de euros.

Un sector público que ha vivido en todos estos años un grado de conflictividad muy elevado en los pilares básicos del Estado del Bienestar como la Educación concertada, Sanidad, Lanbide o el conflicto en la Ertzaintza, que terminó por sacar de sus casillas a un lehendakari acabó enfrentándose a los sindicatos frente al Parlamento vasco.

“Arrojar leyes” al Parlamento

Donde el Gobierno suspende sin ningún género de dudas es en el campo de la producción legislativa. Algo que se veía venir desde hace mucho tiempo. En febrero de 2015, de los 29 proyectos de ley comprometidos solo había aprobado 10 y en otros seis casos el Gobierno ni siquiera había iniciado la tramitación administrativa. En ese programa, el Ejecutivo se había comprometido en unos plazos determinados a elaborar 29 proyectos de ley, algunos de gran calado como la Ley Municipal Vasca –Euskadi es la única autonomía que 35 años después carecía de esa norma- el Tercer Sector o la nueva Ley de Policía vasca, por citar algunos.

Y pese a que logrará aprobar, gracias al apoyo de EH Bildu, la Ley Municipal Vasca -un hito después de los intentos fallidos de otros gobiernos- su Ejecutivo no culminará el plan legislativo de 29 proyectos de ley comprometidos al inicio de su mandato. Con una producción más pobre que la del Ejecutivo socialistas de López, quien estuvo gobernando los tres años y cuatro meses que lleva ahora Urkullu. “En producción legislativa, la pasada legislatura, aparte de presupuestos, se aprobaron 31 leyes, de las que 22 eran a iniciativa del Gobierno; en esta llevamos 18 -las mismas que estaban aprobadas en diciembre-, y de ellas 6 son del Gobierno”, apuntan los socialistas. Que precisan, además, que “de ellas hay tres que derivan de proyectos del anterior Gobierno de Patxi López, que dejó los textos encaminados: Ley de Elecciones, la del Estatuto de la Mujer Agricultora y la de Espectáculos Públicos).

Frente a esas seis, 10 son a iniciativa de los parlamentarios grupos y dos más de ILP. Este jueves se aprueban dos a propuesta del Gobierno, otra de grupos y otra de ILP: La Ley Municipal, La Ley de Adicciones, la de Cláusulas Sociales en la contración pública y la de Tasas y Precios. “Ha decidido que quiere simular su nula iniciativa, su ínfima producción legislativa, arrojando al Parlamento proyectos de ley que sabe que no van a cumplir su tramitación”, censuran los socialistas.

Adelante o no los comicios vascos -carta que Urkullu no desvelará hasta conocer el desenlace de la negociación para el Gobierno español-, en el PNV no verían con malos ojos un adelanto electoral a junio si finalmente hay fumata blanca entre Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias, escenario que se complica cada día que pasa.