Los defensores del pueblo reclaman una ayuda del estilo de la RGI vasca para el resto de comunidades
La situación de emergencia social que vive España requiere de medidas excepcionales. Así lo creen los defensores del pueblo de las diferentes comunidades que han reclamado a los poderes públicos la instauración de una ayuda social de un corte parecido a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) vasca, que permite cubrir las necesidades básicas y va ligada a la inserción socio-laboral. Los defensores del pueblo han celebrado un congreso en Vitoria dedicado a las familias y sus necesidades en el que han abordado la respuesta que deben ofrecer gobiernos y administraciones locales y autónomas para ayudar a paliar la crisis a los que peor lo están pasando.
Los defensores del pueblo dieron un tirón de orejas a los gobiernos central y locales al recordar que España solo dedica el 1,51% del Producto Interior Bruto (PIB) en protección a las familias frente al 2,26% de la media de Europa. “Las políticas públicas”, recalcó el Ararteko en nombre de sus compañeros, “han de satisfacer adecuadamente las necesidades de las familias y apoyar de forma más decisiva la atención a los menores de edad, a las personas con discapacidad y a las personas con dependencia”.
Javier Enériz, el Defensor del Pueblo de Navarra, subrayó que el apoyo socioeconómico “resulta esencial” para las familias españolas que se encuentran en riesgo de exclusión. “Los poderes públicos deben procurar la existencia en toda España de una prestación económica, cuyo objeto sea cubrir las necesidades asociadas a una vida digna y esté ligada a la inserción socio-laboral”. Enériz puntualizó que no se trata de implementar una renta básica universal, tal y como propugnan algunas plataformas, sino de alcanzar un sistema similar a la RGI vasca, que es un derecho para las personas que “realmente lo pasan mal”.
Por otro lado, incidió en la necesidad de habilitar medidas para erradicar la pobreza infantil y la energética, y garantizar el derecho a una vivienda. “Los defensores del pueblo respaldamos una ley de segunda oportunidad, que reduzca las posibilidades de desahucio”.
El conjunto de la declaración y la reclamación de una prestación económica supone una fijación de posición política. “Solamente”, aseguran las defensorías, “la familia es capaz de proveer de ciertos servicios afectivos, educacionales y relacionales. Por lo tanto, es tarea del Estado garantizar que pueda seguir ofreciéndolas mediante su apoyo con medidas concretas”.
